Vigo se quedó con Asuntos Constitucionales: fusión anti K con Juez

Por Bettina Marengo

La cordobesa Alejandra Vigo fue elegida presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, una de las más sensibles del Congreso de la Nación, en reemplazo del entrerriano Edgardo Kueider, expulsado en diciembre del cuerpo tras ser detenido por presunto lavado de activos en Paraguay. La novedad, que le aporta presencia y una lapicera al cordobesismo en el Senado, fue adelanto exclusivo de este diario en su edición del martes. El primer dictamen que obtuvo la jefa del PJ Capital como cabeza de la comisión fue la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) por el año 2025, que tiene media sanción de Diputados y sería tratada la semana que viene en el Senado, en el marco de las sesiones extraordinarias. 

Vigo tuvo el voto de diez senadores, incluido el de Luis Juez, miembro de la comisión y parte del bloque Frente Pro, aliado de La Libertad Avanza. Ahí primó la estrategia común anti K por sobre las diferencias en la provincia, aunque es verdad que el jefe del Frente Cívico viene pegando fuerte al gobernador Martín Llaryora pero no a su antecesor, Juan Schiaretti, esposo de la nueva presidenta. Lo cierto es que la dirigenta cordobesa logró encumbrarse en una comisión por donde pasan los temas más políticos de la agenda con el plafón de una estrategia amigable con Javier Milei y con diferenciaciones puntuales y sin perjudicar abiertamente los intereses del oficialismo en la cámara. 

José Mayans, de Unión por la Patria/Unidad Ciudadana, reclamó la presidencia de la comisión para la peronista tucumana Sandra Mendoza por ser la actual vicepresidenta y para respetar la proporcionalidad de la representación politica en los lugares en las comisiones. El formoseño destacó que el bloque PJ/K tiene 34 bancas contra las cuatro del espacio Provincias Unidas que integra Vigo y preside el correntino Camau Espínola, uno de los impulsores de la cordobesa junto al salteño Juan Carlos Romero. El panmileismo se mantuvo en la postura de que si el cargo era de Provincias Unidas, en ese mismo bloque debía recaer el reemplazo. Pero la polémica dura la marcó la neuquina Silvia Sapag, del exFrente de Todos, quien deslizó la posibilidad de un acuerdo entre Vigo y Provincias Unidas con el oficialismo de La Libertad Avanza para mantener la presidencia de la comisión en manos del pequeño interbloque y obturar al cristinismo. 

Los cruces de votos también se dieron en el dictamen para el pliego de Ariel Lijo, el postulante del presidente Javier Milei para la Corte Suprema de Justicia que hace más de un año espera la aprobación del Senado.  El dictamen quedó lista ayer con la firma del jefe del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, sus pares de Provincias Unidas y de la UCR, Carlos Espíndola y Eduardo Vischi, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdalá,  la tucumana de Por la Justicia Social, Beatríz Ávila, el mencionado Romero de Provincias Unida, Carlos Arce, del Frente Renovador de la Concordia y los integrantes de Unión por la Patria, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala y Lucía Corpacci. La catamarqueña es vicepresidenta del PJ a nivel nacional, la segunda de Cristina Fernández de Kirchner en el principal partido opositor. 

El pliego podría ser tratado la semana próxima en el cuerpo que preside Victoria Villarruel, lo que volvió a poner sobre la mesa la posible negociación entre el entorno Milei y la vicepresidenta: votos para Lijo en la cámara alta, donde LLA no va a contar con votos aliados como el de Juez, Vigo y varios radicales, a cambio de suavizar o congelar el proyecto de Ficha Limpia. Como sea, mientras todo esto pasaba en el Senado, en Diputados el oficialismo y aliados se disponían a dar media sanción al proyecto de Ficha Limpia que, tal como está redactado (fecha límite para la doble condena que impide la candidatura a cargos electivos 180 días antes de las elecciones, con el padrón definitivo) dejaría a CFk afuera de las listas de octubre y de todo otro cargo electivo. No son pocos los especialistas que afirman que, con ese formato, la ley podría ser declarada inconstitucional o que sería la propia Corte suprema, ahora con Lijo, quien salga en salvataje de la ex presidenta.