Desde Arabia, Llaryora cuidó el vínculo con Milei
El Panal hizo silencio sobre el escándalo del token promocionado por el presidente y los diputados cordobesistas no firmaron el proyecto del bloque Encuentro Federal que pide explicaciones por el affaire. Vigo marcó la posición oficial desde el Senado: no quiere que la política actúe sino que sea la Justicia la que investigue.
Por Bettina Marengo
El gobierno de Martín Llaryora quiere mantenerse al margen del escándalo por las cripto $Libra que tiene en el centro de la escena al presidente Javier Milei, quien desde sus cuentas oficiales instó a comprar el activo, lo que provocó su revalorización en pocas horas, y luego se desentendió cuando los tenedores originarios ya habían captado millonarias ganancias antes del desplome, dejando un tendal de perjudicados.
Desde el Panal siguieron el pulso de los acontecimientos con la idea de que el escándalo les pasa por el costado y la mirada puesta en cómo resolverán su posición los aliados de Milei en Córdoba, el senador Luis Juez y el diputado Rodrigo De Loredo. ¿Saldrán a defender al presidente? El oficialismo se entusiasma con el posible malestar de Milei con aquellos que lo abrazan en las buenas y “cuando le va mal no quieren poner la cara para defenderlo”. “Nosotros somos opositores, no nos movimos de ahí”, señalan.
Pero tomaron sus prevenciones. Desde Arabia Saudita, donde desde la semana pasada Llaryora está de gira comercial, se resolvió que los diputados nacionales del cordobesismo no firmarían el duro comunicado del bloque Encuentro Federal, que conduce Miguel Angel Pichetto, en el que pidieron que Milei “dé explicaciones” y hablaron de un hecho de “gravedad institucional sin precedentes”. Llaryora está en tierras saudíes con su ministro de Finanzas, Guillermo Acosta, en búsqueda de fondos frescos para obra pública y para el refinanciamiento de la deuda provincial en dólares. Dos necesidades cuya resolución le importa para buscar su reelección en dos años. El mandatario cuenta con los avales nacionales para la toma de créditos externos y prefirió no poner en riesgo las relaciones con la Casa Rosada porque además, en el Panal entienden que mientras haya expectativas económicas, estos escándalos no mueven el amperímetro político. Para todo lo demás, la línea oficial: es la Justicia la que tiene que determinar si hubo delito con el token $Libra y quiénes son los posibles responsables. Y “dejar que Buenos Aires se transforme en un Circo Romano”, como deslizó un llaryorista que habla seguido con el gobernador.
Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres y Juan Brugge no rubricaron el texto que se trabajó en el bloque al mediodía del sábado y que plantea que “el presidente debe responder por el escándalo del Token Libra” porque “no puede desconocer las consecuencias de promover un activo de esta características”. “¿Qué vínculos tiene el gobierno o el entorno personal” con la operatoria?” y “¿por qué usó la investidura presidencial para impulsar una inversión que resultó un perjuicio a la buena fe?”, fueron algunos de los puntos del comunicado.
Natalia de la Sota, que viene jugando en forma líbera y coquetea con la idea de ir en lista aparte en las elecciones de medio término si el llaryorismo/schiarettismo no le da un buen lugar en octubre, fue la única del PJ Córdoba que firmó el texto, junto a Pichetto, el cordobés Oscar Agost Carreño, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Margarita Stolbizer, Mónica Fein, Esteban Paulon, Florencio Randazzo, presidente del partido Hacemos creado por Juan Schiaretti, y otros. Los mismos que ayer avanzaron en la presentación en Diputados de un “profundo pedido de informes por los acontecimientos sucedidos”. Se trata de un proyecto con más de veinte preguntas para que responda el Presidente.
De la Sota va a ir por más. Junto a Paulón y Fein elaboró un pedido de juicio político en contra de Milei al que se sumará Carolina Gaillard, de Unión por la Patria. Están buscando la firma de un radical, pero el centenario partido iría más por la línea de la comisión investigadora.
Unas horas después del comunicado de Encuentro Federal, la senadora Alejandra Vigo marcó la cancha. En su carácter de presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara alta, cuerpo en el que se sustanciaría un eventual juicio político contra el titular del Ejecutivo nacional, dijo que no es la política sino la Justicia la que tiene que tomar el caso que tiene bajo sospecha al propio presidente de la Nación. De esta manera, se despegó de los proyectos de juicio político en contra del libertario, que vendrán del lado de Unión por la Patria y el mencionado arriba. “El caso del Presidente y la criptomoneda $Libra reviste gravedad institucional”, manifestó Vigo, pero indicó que “no es un asunto que deba resolverse en el ámbito político, sino en los tribunales dado que -según la información- fueron perjudicadas miles de personas”. “Corresponde que la Justicia investigue si -el hecho que involucra al Presidente- constituye un delito penal. LA JUSTICIA DEBE ACTUAR DE INMEDIATO” recalcó la jefa del PJ Capital, en mayúsculas.
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