Otro dolor de cabeza para Quinteros: detuvieron a los policías por el caso de la estación de servicios
Lo dispuso el fiscal Guillermo González y se trata de cinco efectivos de la fuerza que estuvieron en el procedimiento en la madrugada del lunes. Tres están imputados de “homicidio calificado por abuso de sus funciones”, otro por “encubrimiento” y el restante por “omisión de los deberes de funcionario público”.
Por Redacción Alfil
El ministerio de Seguridad provincial que encabeza Juan Pablo Quinteros sumó un nuevo dolor de cabeza en las últimas horas. El fiscal Guillermo González dispuso la imputación y detención de los cinco efectivos policiales que quedaron involucrados en el operativo de la madrugada del 24 de marzo en el que terminó muriendo un hombre en una estación de servicios.
En la madrugada del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, los policías de la provincia encararon un procedimiento en una estación de servicios de Villa Páez en el que terminó muriendo Guillermo Bustamante.
La decisión de González se basó en el análisis de los testimonios y videos incorporados a la causa, además del resultado parcial de la autopsia a Bustamante.
Dentro de los imputados, están el subinspector Marcos Guzmán Altamirano, el oficial ayudan Nicolás Bulacio y el cabo Juan Martín, los tres por el delito de “homicidio calificado por abuso de sus funciones en calidad de miembros de las fuerzas policiales” como coautores.
Mientras que el oficial inspector Walter Perfumo está acusado de “encubrimiento por no denunciar la perpetración de un delito, doblemente agravado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público”.
Por último, el sargento Mariano Córdoba está acusado de la imputación de omisión de los deberes de un funcionario público en calidad de autor.
A raíz de lo sucedido el lunes, y que originó una protesta de familiares y allegados a la víctima esta tarde en las inmediaciones del puente La Tablada, esta mañana el legislador provincial por la UCR, Dante Rossi, pidió “la intervención de la Policía y que el gobernador Martín Llaryora se haga cargo en serio de la seguridad”.
“Se hace imprescindible una urgente revisión de todo el sistema de seguridad de la Provincia, empezando por el reemplazo de todos los funcionarios, ya que el escándalo de detenciones y desplazamientos hace imperativo la remoción de los mismos, como así también establecer una prolija y exhaustiva investigación”, dijo Rossi.
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