Cristina Kichner y Alberto Fernández serán investigados por la compra de vacunas durante la Pandemia
La Justicia intenta definir si hubo delito durante las negociaciones por la compra de la vacuna Pfizer en la pandemia de COVID-19, durante la gestión de Alberto Fernández.
La Cámara Federal de Comodoro Py ordenó profundizar la investigación sobre las demoras del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la adquisición de vacunas Pfizer durante la pandemia de COVID-19. La Justicia busca determinar si hubo irregularidades o delitos en las negociaciones.
La sala I del Tribunal de Apelaciones revocó el archivo de la causa que había ordenado el juez federal Ariel Lijo a fines del año pasado. El fiscal Carlos Stornelli apeló que "aún existen incógnitas sobre las negociaciones llevadas a cabo entre el Estado Argentino y los representantes de la firma Pfizer, las cuales no han sido plenamente analizadas en el curso de la investigación, sobre todo frente al ritmo que marcaron los acercamientos con otros laboratorios", según la resolución a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
Las denuncias datan del año 2021, en aquel momento Fernández seguía frente a su administración presidencial. Hubo dos denuncias presentadas en aquel momento, la primera fue realizada por un grupo de diputados de la oposición que solicitaron que se investigue por qué el gobierno no había comprado la vacuna. La segunda fue realizada por familiares de cuatro personas que fallecieron por COVID-19.
La primera denuncia fue presentada por los entonces diputados nacionales Omar de Marchi, Waldo Wolff, Álvaro de Lamadrid, María Carla Piccolomini, Francisco Sánchez, Fernando Iglesias, Ingrid Jetter, Héctor Stefani, Alberto Asseff, Jorge Enríquez y Federico Zamarbide.
En aquel momento, La presentación judicial llevada fue para que se investiguen los motivos por los cuales la Argentina no habría logrado contar en tiempo y forma con los sueros para combatir el el COVID-19.
Tras la denegatoria de el juez Lijo, el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la resolución y afirmó: "Es notoria la diferencia verificada en cuanto a los tiempos de tramitación de los distintos procedimientos de compra de vacunas, comparativamente hablando, en el que el concerniente a Pfizer evidencia un innegable aletargamiento, al amparo de la opacidad y falta de oportuno registro en el sistema informático respectivo".
Frente a esta solicitud, los camaristas afirmaron que "en particular se advierte que la investigación no incursionó suficientemente en los procesos de adquisición y en las negociaciones que se llevaron a cabo con el resto de las empresas a las cuales el Estado Nacional les adquirió las vacunas con mayor antelación".
En este sentido, para la Cámara el núcleo de la cuestión es que "esta ausencia probatoria imposibilita descartar la existencia de supuestos tratos desiguales entre aquellos laboratorios y la empresa Pfizer".
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