Por Javier Boher
Hace unos días me crucé con una encuesta muy interesante. Aunque el relevamiento no había sido realizado en Argentina, sino en Estados Unidos, presentaba algo interesante para nuestro país. La cuestión dependía de dos preguntas bastante sencillas: ¿cree que se debe reindustrializar el país? y ¿le gustaría trabajar en una fábrica?
Para la primera la respuesta mayoritaria era abrumadora, con más o menos dos tercios de la gente de acuerdo con que el país debía fortalecer su industria, golpeada por la deslocalización de la producción. Sin embargo, al ser consultados sobre el segundo punto, apenas dos de cada 10 norteamericanos respondieron afirmativamente. Que haya fábricas, pero que trabaje otro.
En nuestro país hay una añoranza industrial que no necesariamente se corresponde con el deseo de la gente, que también está atravesado por los mismos cambios sociales de otras latitudes.
La presente no pretende un planteo crítico a esa idea desarrollista (porque la industria es un sector importante de la economía en prácticamente cualquier lugar del mundo) sino a otra que de alguna manera se le parece.
Si se le pregunta a los argentinos cuál es el sector más rico del país, más de uno va a decir que el campo, a pesar de que los argentinos más ricos le deben su fortuna a otras actividades. Escuchar a unos tildar a otros de “sojeros” se convirtió en un rápido detector de insuficiencia analítica y exceso de resentimiento, una visión simplista que nada tiene que ver con la realidad productiva del sector.
Si a esos mismos argentinos que definen a “los sojeros” como los más ricos del país se les pregunta si están dispuestos a lanzarse a emprender alguna actividad agropecuaria para hacerse ricos, la inmensa mayoría va a decir que no. El campo es malo y la industria es buena, pero a mí mejor me dejan con un trabajo administrativo, docente o en el sector público, porque soy alérgico al esfuerzo físico.
Hace unos días volvió a ser noticia el tema de las retenciones, con el presidente Milei diciendo que van a volver a su nivel anterior y que los productores se deben apurar a liquidar, un poco del libreto económico de Massa y su dólar soja. Hay que ver si efectivamente sucede o si es otra de esas movidas del presidente con las que desorienta a seguidores y detractores, pero por lo pronto no hay motivos para no creer que va a ser así.
Los productores se quejaron, mientras que los urbanitas libertarios pidieron pagar con alegría y agradecer por la salida del cepo y la unificación del dólar. Total, el derecho de propiedad vale solo y en cuanto sea para el negocio financiero de los amigos del poder; si querés ganarla enterrándola en el suelo, problema tuyo de no darte cuenta de que ese capital que no te podés llevar a ningún lado debe servir a los intereses de la patria (o del gobierno de turno, mejor dicho).
Hace una semana me crucé una nota del portal Bichos de Campo en donde se habla de que las inversiones mineras llegadas por el RIGI no superan lo que el campo invierte en la zona núcleo, con 5.074 millones de dólares contra los más de 6.000 millones que se pusieron sólo para maíz y soja, los dos cultivos más importantes. No hay dudas de que el país necesita de inversiones para echar a andar la economía, pero premiar a pocos grandes inversores extranjeros en detrimento de los miles de productores nacionales que hay en el país no parece muy sensato.
El problema vuelve siempre al mismo punto: “los sojeros se quejan porque no se van a poder comprar otra 4x4 o un departamento”, como si los industriales vivieran en ranchos de madera o en cuevas porque no llegan a fin de mes. Aunque los números varían entre lugares dentro de la misma región Pampeana y de acuerdo a la actividad, cultivo o propiedad de la tierra, el cálculo en la nota es de entre 900 y 1.200 dólares por hectárea. En un campo de 100 hectáreas, cada campaña se entierran una o dos casas.
Hace unos días volvió a verse otra arista de estas ridículas exigencias al campo, cuando pretendían exceptuar al sector de la posibilidad de importar maquinaria usada que anunció el ministro Caputo. Para defender la agroindustria, nada de bajarle los impuestos o simplificarles los trámites de importación de insumos y exportación de bienes terminados: cerremos todo para que el sector agropecuario solo pueda comprar adentro (y que pasen cosas insólitas como en los tiempos de Massa en los que se vendían máquinas sin cubiertas). Según una publicación de la asociación de fabricantes de maquinaria agrícola, sin contar el IVA, la maquinaria tiene un promedio de 32% de impuestos, con 47% de impuestos en los componentes importados.
En el mismo comunicado, la asociación afirma que el 70-80% de los tractores tiene más de 15 años y el 70-80% de las cosechadoras tiene más de 10. Una publicación de CREA, por su parte, ubica la diferencia de precio por maquinaria usada en un rango entre 50 y 160% más respecto a Brasil, a pesar de cobrar menos que los productores del vecino país.
Hay gente que se queja por estas cosas y que dice defender los intereses del sector frente a la explotación a la que se lo somete desde los distintos gobiernos nacionales. Después llegan a la Rosada y se convierten en lo mismo que criticaban, porque para todos ahí en campo hay ricos que deben pagar por los problemas de las ciudades.