Por Javier Boher
Ayer, mientras estábamos en clases, salió el tema de los bienes públicos; qué son, qué características tienen y cuáles son las preguntas que debemos hacernos al respecto. Hay una pregunta que siempre tiene que salir cuando hablamos sobre las políticas que encara el Estado, una muy sencilla: ¿quién paga?.
Ayer aparecieron dos discusiones vinculadas a esto que, en rigor de verdad, llevan un buen tiempo dando vueltas. Si Milei ganó, fue en parte porque puso a la gente a discutir sobre el gasto público. Es lógico: cuando menos alcanza la plata, más finitos nos ponemos con las erogaciones.
El primero de estos temas fue la discusión sobre las tasas de comercio e industria que enfrentan al Banco Nación con los municipios, situación que ya se ha cronicado en estas páginas. Este tipo de choques empezaron el año pasado en las provincias de Buenos Aires -particularmente con el mediático caso de La Matanza- y La Pampa (Provincia Eva Perón en su acta de nacimiento), que se materializó en la decisión de cerrar algunas sucursales de dichos territorios.
Esa pulseada entre el banco público y las entidades subnacionales empezó con un claro trasfondo político, pero se sostiene por una obsesión técnica de dar la pelea por bajar el gasto del Estado nacional, que por este tipo de discusiones nos damos cuenta de que también cubre la ineficiencia de todo el resto.
En el caso de Río Cuarto la pelea ha escalado hasta el punto de que el municipio asegura que se quedaría sin poder hacer frente a sus obligaciones, casi como si la segunda ciudad de la segunda provincia más importante del país fuese tan débil como para depender de un único tributo sobre una única empresa. Si eso no es un subsidio, el subsidio dónde está.
Unos dicen que las cuentas de los grandes jugadores económicos del sur provincial tienen que estar ahí y que el Banco no se puede arriesgar a perderlas, pero eso es exagerado. Por un lado existe el homebanking. Por el otro, el centro de La Higuera está a apenas 10km del centro de Río Cuarto y le vendría bien negociar un ingreso como el de una sucursal del Nación. Para el productor agropecuario de localidades vecinas es lo mismo, y encima tendría lugar para estacionar la chata en la puerta. Un lujo.
El otro tema que ardió en redes fue la eliminación de impuestos para la importación de teléfonos celulares y otros productos tecnológicos de los que se ensamblan en Tierra del Fuego. El gobernador de la provincia, Gustavo Melella, se expresó preocupado por lo que podría pasar con los ingresos de la provincia.
Esa extorsión emocional al resto del país esconde lo mismo que en el caso anterior, que mucha gente tiene que pagar -sin saberlo- la ineficiencia o los caprichos de los que gestionan el territorio. Duele sobre dicen que por comprar celulares importados estás dejando a alguien sin trabajo, hasta que tenés más plata en el bolsillo por hacerlo y te das cuenta de que podes consumir más y mejor. Ni hablar si además nos acordamos que el lobby ambientalista los hizo prohibir la salmonicultura, una actividad que solo en Tierra del Fuego podría llegar a hacer duplicar el volumen de las exportaciones actuales del país. Una isla solitaria del sur generando la misma cantidad de dólares que toda la pampa húmeda.
Ambos casos muestran que las cuentas del Estado nacional no cierran nunca porque todo el tiempo tiene que estar tapando huecos en todos los distritos, aunque lo haga de modo opaco y difuso como en estos dos, que se disfraza de soberanía o de identidad nacional. Es como el rojo en las cuentas de YPF, que algunos atribuyen al financiamiento de las actividades comunicacionales de Santiago Caputo y su banda. Hay tantas cajas, en tantos lados, que muchos pueden meter mano para llegar a fin de mes.
Algunos dicen que en este tipo de cálculos hay una trampa y que no por eliminar los gastos en un lado va a haber plata para gastar en otro. Quizás no. Pero al menos el jubilado que compra un celular o que cobra su jubilación va a dejar de pagar para mantener los gastos absurdos de los políticos que no entienden que la plata para sostener bienes públicos es escasa y que, por lo tanto, deben elegir bien en qué se la van a gastar.
