Por Felipe Osman

Si el descalabro inflacionario con el que el Gobierno Nacional está cerrando su periplo no termina cobrando proporciones tales que obliguen a una revisión anticipada, la gestión provincial de Juan Schiaretti estaría abordando su última negociación con los sindicatos estatales, que casualmente será también la última de Juan Monserrat al frente de la UEPC y la primera de Sergio Castro como titular del SEP.

Para empezar, el Centro Cívico lanzó una oferta del 60 por ciento semestral, escalonada, y con cláusulas gatillo y de garantía, planteando una postura, en principio, no tan dura como la que fijó al inicio de la anterior paritaria. Aunque, debe decirse, el contexto también ha variado mucho.

Desentendámonos de las matemáticas. La oferta se compone de un aumento escalonado del 60 por ciento en cuotas: un 25 por ciento con los salarios de agosto (a cobrar en septiembre), un 20 por ciento en octubre (a cobrar con los salarios de noviembre), y un 15 por ciento en diciembre (a cobrar con los salarios de enero). 

Esta recomposición recaería sobre todas las posiciones del escalafón (no buscaría el efecto de achatar la pirámide, como si se intentó en la paritaria previa), no contemplaría el pago de sumas en negro (como en muchas ocasiones se hizo), y alcanzaría a todos los conceptos del recibo de sueldo.

Contemplaría, a su vez, dos cláusulas gatillo de garantía y una tercera adicional. La primera se activaría al momento de calcular los salarios de octubre, si la inflación entre enero y septiembre del 2023 supera el 95 por ciento; la segunda se activaría al momento de calcular los salarios de diciembre, si la inflación entre enero y noviembre de 2023 supera el 110 por ciento. En cada caso, a lo pactado se sumaría un reajuste por el diferencial inflacionario.

Finalmente, la tercera cláusula garantizaría que, al término del acuerdo paritario, los salarios hayan crecido un 10 por ciento por encima del IPC Córdoba. Este diferencial se cobraría con los salarios de enero de 2024.

La UEPC y el SEP aún no han emitido una respuesta, aunque las conducciones entienden que se trata de una oferta, prima facie, razonable. Desde luego, cada gremio deberá pasarla por el tamiz de sus bases para emitir una respuesta definitiva. 

Uno de los aspectos que despierta mayor interés es cuál será el primer sindicato en aceptar. Cuál abrirá camino al acuerdo. En el pasado, el SEP supo jugar ese rol, pero tras el conflicto de Salud y sus coletazos hacia el interior del gremio, en la última paritaria el sindicato entonces conducido por José Pihen se rehusó a aceptar primero, y el Centro Cívico debió encarar la negociación antes con la UEPC, una negociación dura en la que la oposición al oficialismo gremial y los auto-convocados cobraron protagonismo, siendo determinantes para decretar el rechazo a las primeras tres ofertas de la Provincia. Finalmente, se arribó a un acuerdo que contempló una recomposición del 60 por ciento.

Tras las elecciones del 4 de agosto, aquel activismo de la oposición y los auto-convocados quedó cristalizado en victorias de listas opositoras en las delegaciones Capital, Río Cuarto y General Roca, junto a la duplicación de su representación en la asamblea provincial.

Aunque aún sin asumir al frente de esas delegaciones, la oposición, ya legitimada por las urnas, se prepara para rechazar la primera oferta del Centro Cívico, y ya convocó a una movilización para esta tarde, a las 18.30, que partirá desde Bv. San Juan y Av. Chacabuco.

Las objeciones que plantean a la propuesta lucen atendibles. La principal, es que cada uno de los reajustes que ofrece la Provincia será calculado sobre la base del salario de enero, es decir, sobre una base que no computará el reajuste pactado para el primer semestre. En síntesis, sobre un salario devaluado, que no se habrá capitalizado como sí lo hace, mes a mes, la inflación.

Además, apuntan que el escalonamiento de los reajustes implicará que el salario docente vaya corriendo por detrás de la inflación, y por debajo de la canasta familiar.