Por Javier Boher
Los que tenemos que enseñar materias vinculadas a la política siempre tenemos que lidiar con algunas cuestiones clave, especialmente cuando se trata de la escuela secundaria. La primera, tratar de que las discusiones no se conviertan en un cruce de consignas partidarias, con bajadas de línea o posturas ideológicas que no tienen que ver con el debate político bien entendido. La otra, tratar de que los alumnos aprendan las cuestiones básicas del funcionamiento de las instituciones de gobierno, sabiendo que van a ser ciudadanos a lo largo de su vida.
Lamentablemente es muy fácil fracasar. Perder el tiempo con lo primero y no alcanzar lo segundo es un riesgo siempre latente. La cobertura mediática sobre la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner y los comentarios de las personas a uno y otro lado de la grieta son un claro ejemplo de lo mal que pueden salir las cosas cuando se trata de enseñar sobre política.
Nuestra forma de gobierno es representativa, republicana y federal (aunque en realidad esta última condición no es una forma de gobierno sino una forma de Estado). De manera simple, es representativa porque elegimos representantes; es republicana porque esos representantes van a ocupar cargos -que se renuevan periódicamente- a tres poderes distintos; y es federal porque las entidades políticas subnacionales tienen autonomía para dictar sus propias leyes y definir las cuestiones particulares de su autogobierno.
No sé cuántas personas ajenas al trajín diario de la política pueden decir algo más o menos parecido a eso.
Yo no soy abogado y algunas cosas específicas del funcionamiento de la justicia o del Poder Legislativo se me escapan. Los detalles reglamentarios son ajenos a la formación de los periodistas y de los politólogos, pero algunos hacemos el intento de ir aprendiendo sobre sus vericuetos para entender de mejor manera el accionar político de la clase dirigente. El fallo de la Corte Suprema de Justicia desnuda el profundo nivel de ignorancia de algunas personas, pero también la astucia con la que algunos proceden a la hora de hablar y comunicar sobre estos temas.
El hecho de que la Argentina sea una República define una serie de propósitos y facultades que le son propios a cada uno de los tres poderes en los que se reparten las tareas del Estado. Por un lado, el Poder Legislativo haciendo las leyes y funcionando como cuerpo de control de las acciones de los otros dos poderes. El Poder Judicial, determinando si la gente violó o no las leyes, así como también si se respetaron las garantías o los procesos para llegar a una condena. Finalmente el Poder Ejecutivo, tratando de hacer cumplir las leyes a través de sus instituciones legítimas para ejercer la represión.
La condena a Cristina Kirchner no fue ayer, sino en diciembre de 2022, seis meses antes de que Milei sea candidato, ocho antes de que gane las PASO, uno antes de que asuma la presidencia y dos años y medio antes de que llegue la decisión de la Corte Suprema en última instancia para determinar que todo lo realizado hasta ahora fue conforme a la ley y que, por lo tanto, la condena a seis años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de unos 70 millones de dólares (que -para poner en perspectiva- equivale al presupuesto anual de la Secretaría de Inteligencia).
A Cristina Kirchner la condenó uno de los tres poderes del Estado, a partir de las leyes votadas por el segundo y será detenida usando la fuerza del tercero. Eso es el Estado de Derecho, una forma de organización en la que ningún poder puede avanzar sobre las funciones de otro a fines de resguardar los derechos de los ciudadanos. No hay lawfare, ni ensañamiento, ni nada que se le parezca.
Sí hay política, porque todas las instituciones de gobierno son instituciones políticas. Por eso el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, fue compañero de Cristina en la bancada peronista de la convención constituyente de 1994, intendente de Santa Fe por su mismo partido y Ministro de Justicia durante el gobierno de su marido, Néstor Kirchner. También por eso Ricardo Lorenzetti es político, porque fue nombrado en el cargo por el Senado que integraba Cristina Kirchner. Buscando información sobre esto encontré unas declaraciones de Pichetto que ayudan a entender las cosas: "La Corte no tiene que ser un tribunal neutral, sino que es un cuerpo político", según consigna la edición de La Nación de aquel día. La designación figura en el boletín oficial n°30.553 con las firmas de Néstor Kirchner y Horacio Rosatti. Pero hablan de lawfare.
Muchos se aprovechan del revuelo para decir que es Milei quien mandó a meter presa a Cristina, a pesar de que no ha podido designar a un solo juez en todo este tiempo y que su partido y su gobierno no están plagados de operadores judiciales de renombre. Ese relato le sirve a sus seguidores, que creen ver en el presidente a alguien con decisión y coraje para enfrentar la corrupción, pero también a los kirchneristas que deliran con que estamos en algún tipo de dictadura y que Cristo a está procariota. Unos y otros están errados, por motivos diferentes, pero por el mismo y profundo nivel de ignorancia sobre el funcionamiento de las instituciones de gobierno.
Henry David Thoreau decía que si hay un hombre encarcelado injustamente, el único lugar para un hombre justo es la cárcel. Es una hermosa forma de idealismo antiautoritario, pero para que una República sea funcional, la cárcel es el único lugar para un corrupto que atenta contra los mismos principios de esa República.