Con votos dispersos, se aprobó el “ordenamiento” de los trapitos

Por Julieta Fernández 

El intendente Guillermo De Rivas se anotó otro punto en la previa al aniversario de la gestión. El proyecto de “ordenamiento de la actividad de trapitos, cuidacoches y limpiavidrios” consiguió el consenso de concejales de todos los bloques, aunque con algunos votos en disidencia. Por el bloque Primero Río Cuarto, la concejala Antonella Nalli votó en forma negativa. En tanto, en el bloque nazarista hubo dos votos afirmativos (Leticia Paulizzi y Guillermo Natali), uno negativo (Marisa Cariddi) y una abstención (Franco Miranda). 

Para obtener cierta adhesión de la oposición, se tomaron algunos pedidos de modificaciones. El concejal y presidente de la comisión de Gobierno, Ignacio Biga, señaló al programa Puntal AM que “el objetivo de la ordenanza es garantizar la libre circulación y el uso del espacio público sin condicionamientos ni cobros compulsivos”. Explicó que se plantean sanciones económicas para quienes ejerzan la actividad “de manera intimidatoria” y que contempla la posibilidad de quitar beneficios sociales a quienes estén involucrados en situaciones de conflictividad. Entre los pedidos de modificaciones de la oposición, se había sugerido, por ejemplo, que también se contemple la posibilidad de realizar trabajo comunitario en lugar de abonar una multa económica. 

En la sesión de ayer, el edil oficialista destacó la “doble dimensión” en relación al “fortalecimiento del poder de policía municipal” y, por otro lado, “las pautas de abordaje social que ponen en el centro a la persona, que buscan la reconversión de su actividad y tienen una mirada contemplativa cuando la situación sea más compleja. Buscando también no aumentar el empleo público. Esa fue una de las premisas y vamos a estar trabajando en ese sentido”, remarcó Biga. El concejal agregó que “va a llevar tiempo y va a requerir un fuerte trabajo de nuestros equipos sociales” y cerró su alocución advirtiendo que “el espacio público está para respetarse”. 

Tanto en el bloque Primero Río Cuarto como La Fuerza del Imperio del Sur, hubo concejales que votaron a favor de la iniciativa pero marcaron ciertas salvedades en relación al contexto socioeconómico y la situación de vulnerabilidad de los trapitos. En el caso de Natali en particular, el concejal argumentó que su voto a favor se debió a que el oficialismo acató varias modificaciones que se sugirieron. El edil nazarista agregó que el oficialismo se comprometió a avanzar en el tratamiento de un proyecto de La Fuerza del Imperio que propone herramientas para la cooperativización de quienes hoy desarrollen estas tareas. “No para brindar servicios al Estado Municipal sino al sector privado”, aclaró Natali. 

Las posturas más críticas de la jornada fueron las de la radical Antonella Nalli y los nazaristas Marisa Cariddi y Franco Miranda. El jefe del bloque radical-juecista, Gabriel Abrile, votó a favor pero se mostró escéptico en su discurso: “No creo que algo cambie con este proyecto, ojalá me equivoque”, indicó. En tanto, Nalli consideró que sería un proyecto “vacío” y que “se sube a un clima de época pero difiere de los problemas reales de Río Cuarto”. La edil opinó que el proyecto “no es ni chicha ni limonada” y que no prohíbe ni tampoco regula, además de no contar con una partida presupuestaria. 

“Le venden a la ciudadanía una prohibición que en los hechos no va a ser. Las multas son lo que más me llama la atención. ¿Multas económicas para el eslabón más débil de la sociedad? Pero después pensaba, ¿qué sorpresa me puedo llevar de un año de una gestión que no está trabajando sobre políticas públicas reales?”, dijo la concejala, quien también criticó al gobierno de De Rivas por no haber avanzado con mayor celeridad en la puesta en funcionamiento del Centro de Adicciones. “A un año de gestión, ya no voto por confianza sino por hechos concretos”, concluyó la edil. 

Por su parte, la concejala nazarista, Marisa Cariddi, justificó su voto negativo a partir de cierta estigmatización que, consideró, se advierte en el proyecto: “La gente busca sumar ingresos de la manera que sea. No hay trabajo. La gente se tiene que generar ese trabajo. ¿En este contexto planteamos esta ordenanza?”. La concejala y referente barrial consideró que el proyecto “busca sacar a los pobres de la mirada de los demás” y señaló algunas “imprecisiones” sobre otras actividades que se realizan en la vía pública. “Estoy de acuerdo con que el cobro de esos servicios no debe ser compulsivo pero el proyecto deja muchas dudas”, manifestó.

El jefe del bloque La Fuerza del Imperio, Franco Miranda, pidió abstenerse y expuso sus argumentos a partir de la partida presupuestaria destinada al abordaje de adicciones, algo contemplado en la ordenanza. Señaló que el programa de adicciones de la subsecretaría de Salud tiene un presupuesto que representa el 0,1% del presupuesto total del Municipio. “De esos $203 millones, $137 millones son para sueldos. Con $66 millones no se puede decir que trabajar sobre adicciones es prioridad”, opinó. Miranda agregó que esta ordenanza podría caer en una “caza de brujas” y manifestó que ya se ha probado que el Estado puede actuar ante las situaciones de conflictividad porque, en las últimas semanas, la policía ya intervino en distintas circunstancias que involucraban a los trapitos.

Finalmente, el jefe del bloque oficialista, Leandro Carpintero, valoró “que haya posiciones distintas, incluso dentro de los distintos bosques. Eso hace a una madurez institucional y creemos que logramos un proyecto superador con un objetivo claro”.