El fentanilo y la impunidad

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Hay cosas que nunca cambian, a pesar de los cambios de gobierno, las cruzadas ideológicas y las autoatribuciones de virtudes por sobre los defectos de los demás. Todo en este país es una gran farsa sobre la gestión, algo que parece ser muy malo en muchos niveles posibles.

Hace un tiempo se empezó a hablar de un lote de fentanilo contaminado que llevaba más de 30 muertes. No se supo mucho más porque aparentemente estaba todo controlado, se había seguido el recorrido del material contaminado a través de los distintos hospitales que lo habían recibido y se había retirado de circulación. Gracias a una nota de Diego Cabot y Camila Dolabjian publicada en el diario La Nación de ayer nos enteramos que la cifra de muertos asciende a 52 y que se habla de cuentos no registrados.

Hace apenas unos días en Córdoba se condenó a los responsables por los asesinatos de bebés en el Neonatal, que tuvo como nota sobresaliente que nadie de la clase política fue alcanzado por la Justicia, a pesar de que el encubrimiento marcó algo que ya se vio en otros momentos y por otras cosas.

La nota de Cabot y Dolabjian señala particularmente esta trama, en la que la maraña de relaciones políticas se extiende por diversos ámbitos, pero con el mismo resultado de que nadie paga por las muertes sucedidas hasta ahora.

La situación está más o menos clara. Unos laboratorios cercanos al poder, que se caracterizan por vender barato y reventar el mercado, produjeron 3000 dosis de fentanilo contaminado, quizás por falta de protocolos adecuados para su manejo. La Justicia se ha movido con lentitud, dificultando la búsqueda de evidencias sobre el funcionamiento de las cosas en los laboratorios. El ente encargado de velar por la seguridad de los medicamentos y alimentos, la ANMAT, tampoco parece haber actuado con la celeridad suficiente para resolver el problema. Según la nota, no hay trazabilidad sobre las dosis contaminadas, por lo que cualquier paciente que deba recibir un tratamiento con dicha droga puede encontrar la muerte antes que un mejoría en su cuadro clínico.

Hasta ahí es lo que hace al uso legal del fentanilo, pensando siempre en que las cosas no tengan que ver con el narcotráfico. Sin embargo, esa parece ser otra pista dando vueltas, ya que en los laboratorios allanados falta la materia prima con la que se elaboran las ampollas contaminadas. Hay demasiados indicios de que alguien dentro de los laboratorios desvió el material faltante hacia el mercado negro.

Lo particularmente problemático del fentanilo es su potencia, que lo hace más fuerte que la morfina. Con una epidemia de opiáceos que va llegando desde el primer mundo, el consumo sin control en las calles suma un riesgo extra que puede ampliar la cantidad de muertes. Casi que hay que hacer lo mismo que Sergio Berni cuando la cocaína adulterada, pedirle a los adictos que se abstengan de consumir.

Los responsables del laboratorio presentaron ante el juez papeles para acreditar la destrucción de todo el material, cosa que hicieron a pesar de que se les había ordenado que no lo hicieran debido a la investigación en curso. Otro de los laboratorios presentó una denuncia de que habían sido víctimas de un robo en el que les habían sustraído el material. Presentaron todo ante el juez Kreplak, hermano del ministro de salud bonaerense. Lo primero es la familia.

Tal como sucede siempre en este país, la trama política existe como un paredón defensivo para que todas estas actividades ilegales sigan operando y financiando la política, a pesar del terrible impacto que pueden tener en la salud pública. A esta altura ya no se sabe si no quieren investigar, si no saben por dónde empezar o si esperan a que la cosa se resuelva mágicamente.

Así como se menciona al ministro de salud bonaerense, también se habla del hermano del ministro de salud de la Nación, lo que explicaría que este tema no sea un escándalo nacional. Es muy raro que en un año electoral no se estén tratando de endilgar los muertos y que en su lugar guarden silencio por el número.

Los 52 muertos oficiales por el fentanilo adulterado son marcan el mismo número que los 52 muertos por el accidente ferroviario de Once, que terminó con funcionarios presos. Es un número todavía corto frente a los 89 de las inundaciones en La Plata y aún mucho menor frente a los 194 de Cromañón. Para poner en perspectiva, el número es poco menos de la mitad de todos los homicidios en la ciudad de Córdoba en 2024 (116), pero casi cuatro veces los femicidios del mismo año (14).

Es difícil saber cómo va a seguir esto, pero definitivamente la impunidad no debería ser el desenlace más probable, por ser aquel al que estamos más acostumbrados. Las familias de las víctimas, los políticos de la oposición, los medios de comunicación, todo el mundo debería hacer lo posible por conseguir el esclarecimiento de esto. Si por tantas de las muertes de todos los casos enumerados previamente hay gente pagando penas de cárcel, esto no debería ser menos.