Retenciones: con el campo en pie de guerra, el Panal aprovecha la tensión

Por Gabriel Marclé

Ayer, 1° de julio, el Gobierno nacional cumplió con lo que venía anunciando desde hace tiempo: se activó el decreto que restablece los Derechos de Exportación (DEX) a los valores de diciembre de 2024. La medida implicó un incremento en las alícuotas para el maíz, la soja, el girasol y el sorgo. No hubo maniobras de último momento para calmar al campo ni para atraer su apoyo de cara a las elecciones. Por el contrario, la decisión profundizó la tensión entre las entidades ruralistas y el presidente Javier Milei, reavivando el malestar por la promesa incumplida de eliminar las retenciones.

En este contexto, el Gobierno de Córdoba salió a respaldar a los productores. Hoy Argentina dio un paso atrás. El Gobierno nacional reestableció el esquema vigente de los derechos a las exportaciones de enero, aumentando las retenciones de soja y maíz. Una vez más, se castiga al sector y se frena el desarrollo del interior productivo”, expresó a través de redes sociales el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso. Sus declaraciones se sumaron a las que días atrás había formulado el gobernador Martín Llaryora: “Subir las retenciones es volver a ponerle un freno al campo”.

El martes ofreció una oportunidad ideal para que el Panal reforzara la histórica cercanía del cordobesismo con el sector agropecuario. En medio de esta etapa de alta tensión entre productores y Nación, el oficialismo provincial buscó reafirmar su identidad y diferenciar su modelo. Sin embargo, las declaraciones más contundentes provinieron directamente de las entidades del agro. Al Partido Cordobés, representado por Busso y otros dirigentes que alzaron la voz el 1° de julio, no le hizo falta agregar combustible al conflicto.

El lunes, al vencerse la prórroga que mantenía alícuotas más bajas, la Mesa de Enlace nacional volvió a pronunciarse contra la vigencia de los DEX. A través de un comunicado conjunto, las principales entidades del agro reclamaron “medidas urgentes y definitivas” para atender la pérdida de competitividad que afecta al sector desde hace años.

El documento, firmado por CONINAGRO, CRA, FAA y SRA, sostiene que las retenciones son “un impuesto distorsivo, anacrónico y perjudicial”, cuya aplicación ha generado un “retraso social, tecnológico y productivo” en el país. Las entidades remarcaron que estas políticas fiscales no impulsan el crecimiento, sino que provocan incertidumbre, desalientan la inversión y deterioran las condiciones de vida en las zonas rurales.

Desde la Comisión de Enlace también señalaron que la actual presión fiscal es “asfixiante, inequitativa e injusta”, y que impacta especialmente en las provincias cuya economía depende en gran medida de la actividad agroindustrial. “La cadena agroindustrial define el desarrollo, el empleo y la calidad de vida en cada provincia”, subrayaron. Finalmente, advirtieron que ya no hay margen para nuevas decisiones discrecionales que profundicen la incertidumbre y exigieron reglas claras.

El argumento del sector fue sustentado por informes como el de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC): la liquidación de divisas por exportación de cereales durante junio alcanzó los 3.706 millones de dólares, lo que representa un incremento del 87 % en comparación con el mismo mes de 2024 y durante el primer semestre del año los agroexportadores ingresaron 15.419 millones de dólares, lo que implica un alza del 40 % respecto del mismo período del año anterior. Todo indica que, con la suba vigente desde ayer, los resultados podrían no seguir el mismo sentido.

El tema se encuentra en el centro de la agenda política nacional y este miércoles podría sumar un nuevo capítulo, con la intervención de legisladores del interior, como Carlos Gutiérrez, quienes introducirán la discusión en el debate del Congreso. La Cámara se reunirá para tratar la declaración de Emergencia en Pediatría —a raíz de la situación del Hospital Garrahan— y una nueva Ley de Financiamiento Universitario.

Rutas “deplorables”

Aprovechando el rechazo generalizado del agro a la suba de retenciones, el Gobierno provincial también redobló sus críticas al Ejecutivo nacional por temas que exceden al sector. Manuel Calvo habló en modo candidato —aunque aún sin lugar confirmado en las listas— y apuntó contra la falta de obra pública nacional, haciendo foco en el estado de las rutas.

“Para quien recorre la provincia, la situación es cada vez más clara: las rutas en buen estado son las provinciales, y las que están en condiciones deplorables son las nacionales”, lanzó el ministro. Una frase con fuerte tono de campaña, respaldada en la desinversión en infraestructura vial que le achacan a la gestión de Milei.

El tema de los recursos también estuvo presente durante un martes cargado de críticas a Nación. Desde Río Cuarto, Calvo reivindicó el modelo Córdoba y la continuidad de programas sociales en un contexto de escaso acompañamiento nacional. “La provincia hace un gran esfuerzo: no recibe regalías, el Gobierno nacional no cumple con las transferencias automáticas y, aun así, Córdoba no se detiene”, afirmó.