Un abogado de Cristina denunció penalmente a Bullrich
Este lunes por la noche la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada por el delito de abuso de autoridad por haber solicitado allanar a periodistas y a medios de comunicación que difundieron los audios de Karina Milei.
El denunciante, Gregorio Dalbón —abogado de Cristina Kirchner y quien la defendió en diversas causas civiles— afirmó que el pedido de allanamiento a los periodistas y al medio de comunicación Carnaval Stream se realizó "con el único fin de amedrentarlos, censurarlos y restringir la libertad de prensa".
La denuncia fue realizada tras la presentación que hizo ayer la Ministra, en nombre del Gobierno, por el supuesto espionaje ilegal a la secretaria general de la Presidencia. Según Dalbón, Bullrich cometió abuso de autoridad al accionar judicialmente contra periodistas y medios para evitar la publicación de los audios de Karina Milei, aduciendo que su difusión podría poner en riesgo la seguridad nacional.
El documento presentado por el abogado concluye que "el Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Seguridad, ha instrumentalizado la denuncia penal como herramienta de intimidación, con el objeto de amedrentar a periodistas y condicionar la libertad de prensa".
Tras encuadrar el supuesto delito cometido por Bullrich como "abuso de autoridad", y sostener que constituiría un "intento de censura previa, prohibida por la Constitución Nacional", el abogado solicitó que la ministra sea citada a prestar declaración indagatoria.
La versión del Gobierno Nacional
Los periodistas Jorge Ríal y Mauro Federico difundieron audios a través de la señal de streaming Carnaval. Inicialmente publicaron grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo —ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad— que contenían referencias a presuntas coimas en esa área.
El viernes pasado se difundieron nuevas filtraciones, esta vez atribuidas a Karina Milei: dos grabaciones cortas. El escándalo salpicó al Gobierno y derivó en que la administración de Milei denunciara una "operación política ilegal". A raíz de ello, el juez Alejandro Maraniello dictó una medida cautelar que ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, supuestamente grabados en la Casa Rosada.
Por un lado, el Gobierno sostuvo que se trató de una violación a la privacidad institucional; por el otro, sectores de la oposición y del ámbito judicial advirtieron sobre el riesgo de limitar la libertad de prensa.