Plan platita de la Provincia: objetivo octubre y custodia de la Capital

Por Bettina Marengo

Horas después de que la Provincia informara que el Índice de Precios al Consumidor de Córdoba de agosto había subido al 12,15%, más de 5 puntos porcentuales respecto de julio, con aumento de casi el 17% en el rubro alimentos, el gobernador Juan Schiaretti informó la entrega de 70 mil millones de pesos en cuatro meses, hasta finalizar su gestión, en ayuda social, de infraestructura y alimentaria para los sectores más afectados por la pobreza. El monto es para toda la provincia y en diversos rubros y programas, pero la Capital se lleva el grueso, por población, por demanda social y por apuesta política. 

El anuncio del también candidato presidencial - que hoy relanzará su campaña en Buenos Aires luego de la “invitación” de Patricia Bullrich a que deponga sus aspiraciones, devolución de gentilezas por el intento de acuerdo del cordobés con Horacio Rodriguez Larreta - es una respuesta a la “tensa calma” que se vive en las zonas periféricas luego de los episodios de saqueos, robos piraña, o como quiera llamarse a lo que sucedió en algunos barrios de la Capital (y zonas del interior) luego de las elecciones PASO del 13 de agosto, y tras la inmediata devaluación del peso dispuesta por el gobierno nacional. 

El gobernador electo Martín Llaryora está convencido de que el eje del poder del oficialista Hacemos Unidos por Córdoba rotó del interior a la Capital y que por eso hay que cuidar el bastión que le dio el triunfo provincial el 25 de junio pasado. Fue así que el pedido del refuerzo de partidas a la Provincia para la ciudad más importante partió del propio municipio tras una evaluación de la situación real, que si bien le endilgan al oficialismo nacional por efecto de la alta inflación, entienden que puede explotar en las calles de Córdoba en medio de la campaña presidencial para octubre, campaña para la cual Schiaretti y Llaryora quieren a toda la estructura comprometida con la candidatura del mandatario. En ese sentido, los 70 mil millones son una suerte de “plan platita” del oficialismo cordobés, con derrame en forma directa a los beneficiarios o a través de efectores.

En esta estrategia de custodiar la Capital es posible que Llaryora ceda a la gestión de Daniel Passerini importantes funcionarios que estaba previsto pasen con el sanfrancisqueño a la Provincia. Está conversando eso con el intendente electo. A mediano plazo, la ecuación que manejan en el Palacio 6 de Julio es que una buena administración del actual viceintendente, imposibilitado por Carta Orgánica de repetir mandato como intendente, bien podría posicionarlo como figura de recambio provincial en 2027 si Llaryora apunta a la escena nacional, como es en principio su intención. Sería un candidato propio del llaryorismo, a diferencia de otros que puedan gestarse y ganar volumen por fuera del círculo del sanfrancisqueño. Se piensa en todo. 

En la delicada cuestión social, en el municipio ven hoy como un éxito de la política de contención la relación con los movimientos sociales que nuclean a trabajadores de la economía popular y a beneficiarios de planes sociales. Como ya anunció Llaryora en alguna oportunidad, está pensando en crear en su gobierno un Ministerio de Cooperativas o una secretaría con buenos recursos para canalizar a ese sector. En los últimos días, funcionarios municipales muy cercanos al todavía intendente han tenido conversaciones con dirigentes del Evita, Barrios de Pie y la CCC, y con los que están más alejados del oficialismo, integrantes del Polo Obrero. De allí quedó la convicción que no iban a promover movilizaciones ni menos conflictos en las calles, pero que era necesario “dar aire” a la demanda instalada por una situación social que sigue cayendo. Y justamente sobre el anuncio del martes del gobernador, afirman que “da aire”. La consigna hoy es que “no se pudra” el territorio. Dentro de los 70 mil millones, Schiaretti anunció el lunes la entrega de 400 mil pesos en cuatro cuotas de cien mil a los 2.500 comedores y merenderos de toda la provincia, de los cuales entre 1700 y 2000 funcionan en la Capital. Allí los responsables reciben demandas de raciones a diario. “La falta de respuestas a ese nivel es lo que te pudre el tejido social”, enfatizan en el Palacio. 

Con respecto a los robos a comercios en algunos barrios, aseguran las fuentes oficiales que todo fue más parecido a los 2013, cuando estalló el conflicto policial y miles de personas salieron a robar y vandalizar comercios, que al 2001, cuando explotó la Convertibilidad y se produjo el peor crack social y económico desde la vuelta de la democracia.