El costo económico de las elecciones de medio término
Votar cada dos años está muy bien y no cuesta tanta plata. Lo caro son las políticas públicas cuyo único objetivo es ganar elecciones.
Por Javier Boher
rjboher@gmail.com
Cada vez que hay que votar en elecciones intermedias aparece el grupito que habitualmente cuestiona el condicionante político que significa tener que validar en las urnas los dos años previos de gestión. Para esa gente sería mucho mejor votar todo junto cada cuatro años, sin reparar en que eso podría llegar a darle muchísimo más poder a un presidente que el que tiene con el sistema actual.
En realidad esas personas piensan en la gobernabilidad, aunque en la práctica se puede ver claramente cómo los legislativos favorables alientan proyectos menos sostenibles económicamente y menos democráticos y republicanos en el plano político. Quizás tienen algo de razón, porque el inmovilismo y el choque entre poderes son un problema, pero peor es tener un ejecutivo sin frenos en el legislativo, porque se puede resolver haciendo política.
Quienes se perjudican en este esquema político parecen ser los gobernadores, o al menos eso parece revelar un reciente informe del IARAF que menciona el deterioro en las cuentas provinciales. Esto se debe a un aumento del gasto y a la imposibilidad de hacer crecer la recaudación después de un 2024 en el que las cuentas habían cerrado mucho mejor. El planteo central es que en este año electoral se “comieron” el superávit del año anterior.
No podemos saber exactamente por qué esto es así, pero podemos atrevernos a elaborar algunas conjeturas.
El primer elemento a tener en cuenta es que es difícil hablar de que existen partidos políticos nacionales. En el caso en que se quiera aceptar tal idea, tampoco hay figuras nacionales lo suficientemente fuertes como para ayudar a traccionar votos. A eso lo pueden hacer solamente los libertarios.
Esta situación obliga a los partidos provinciales a jugar con mucha más fuerza con candidatos que no necesariamente tienen la elección ganada, sino que pueden encontrar algún tipo de oposición fuerte en esas otras figuras que pelean con el respaldo del oficialismo nacional.
La segunda razón, también asociada a esto, es que para sostener la postura de que “hay otro modelo” que se pueda oponer a la falta de sensibilidad del ajuste libertario, los gobernadores se ven obligados a abrir la billetera para repartir plata entre los habitantes de su provincia. Hay que pagar si el Estado nacional se está corriendo de su rol benefactor y se quiere poner ahí al Estado provincial, porque todas esas políticas cuestan un dineral que debe salir de algún lado.
El caso que mejor ilustra esto ya lo hemos abordado en otras notas y es el de la provincia de Buenos Aires, donde la apuesta rindió frutos y le aseguró una buena victoria a los candidatos avalados por el gobernador Kicillof. Hoy hay quienes aseguran que las cuentas están en rojo y que el kirchnerismo se volvió a comer los fondos previsionales para ganar una elección, lo que no sorprendería a nadie.
Esta aventura electoral a la que se han lanzado los gobernadores tratando de tener más peso en el Congreso es peligrosa y la van a terminar pagando más adelante. Debilitaron las cuentas de sus provincias para crecer en poder legislativo, a pesar de que en el total no van a lograr condicionar fuertemente a nadie y se van a ver obligados a negociar con la nación o con otros gobernadores. Si la racionalidad implica buscar el mayor beneficio al menor costo, esta estrategia sería bastante irracional.
Hay, sin embargo, una posible explicación para esto. Si los gobernadores tuviesen una alianza bien aceitada, con un rumbo claro y programático, lo suficientemente fuerte como para impulsar y definir un juicio político, entonces sí se sentirían con fuerza suficiente para condicionar al gobierno y obligarlo a bajar más recursos a sus provincias. Esta pelea por el dinero es lo que subyace en el fondo de la pelea.
Las elecciones intermedias suelen ser un problema para los gobiernos nacionales que tratan de plebiscitar sus gestiones, pero hoy es prácticamente imposible que el gobierno pierda, porque se mide contra un 2021 en el que apenas sumó 4 diputados. Algo va a crecer, por más mala que sea la elección. Para los gobernadores quizás sea un poco más difícil presentar sus números como un triunfo, especialmente cuando se empiecen a definir los bloques y los números de la elección alienten el paso de una bancada a otra.
Todo eso se irá definiendo de a poco, a medida que las necesidades políticas y económicas de cada nivel de gobierno se hayan acomodando y los puntos de contacto o intereses en común puedan ayudar a coordinar acciones que sirvan a todos.
Las elecciones intermedias no son por sí mismas un problema, sino que la irresponsabilidad en el manejo de los fondos públicos para tratar de ganar una elección termina condicionando las posteriores estrategias políticas de manera negativa. No es lo mismo negociar acuerdos cuando los números cierran que cuando se tiene el agua al cuello. Pasada esta elección parece que se cuentan más afectados por mal uso de los recursos entre los gobernadores que en el gobierno nacional. El resultado del domingo premiará o castigará cada una de esas estrategias y definirá si se vuelve a aplicar o si se abandona esa política dispendiosa que sumerge al país y las provincias en crisis recurrentes.
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