El Concejo aprobó la reforma del transporte en primera lectura
Con apoyo opositor, el oficialismo se encamina hacia la aprobación del proyecto con el que Guillermo De Rivas busca relanzar el sistema urbano. Hubo críticas y matices en la oposición, pero la segunda lectura no está en riesgo. El nuevo esquema, diseñado junto a la UTN, podría comenzar a funcionar en febrero.
Por Gabriel Marclé
El Concejo Deliberante aprobó este jueves, por mayoría, la primera lectura de la ordenanza que incorpora una adenda al contrato de concesión firmado en 2022 entre la Municipalidad y la SATCRC. El trámite legislativo marca el primer paso para la puesta en marcha del rediseño del transporte urbano que el Ejecutivo presentó la semana pasada, un proyecto que promete cambiar la lógica de la movilidad diaria en Río Cuarto y revertir la caída en el corte de boletos que afecta al servicio en la ciudad: “Queremos que la gente vuelva al colectivo”, indican desde el Gobierno que encabeza Guillermo De Rivas.
El plan —desarrollado junto a la Universidad Tecnológica Nacional— deja atrás la estructura de troncales y ramales, elimina los trasbordos obligatorios en Plaza Roca y recupera la organización por líneas. La premisa oficial: recorridos más directos, mayor cobertura y menos tiempos ociosos, sin incrementar la flota sino optimizando frecuencias.
La iniciativa incorpora además herramientas digitales como la integración con Google Maps y un sistema de pago ampliado que sumará aplicaciones y tarjetas de crédito y débito. Si los plazos se mantienen, el nuevo esquema comenzaría a funcionar en febrero de 2026, aunque en el Ejecutivo repiten que “no se forzarán tiempos” y que todo dependerá del debate legislativo.
Los matices opositores
Primero Río Cuarto optó por la abstención. El bloque que lidera Gabriel Abrile insistió en que el contrato licitado en 2022 “fracasó” y reconoció que el diagnóstico de la UTN respalda la necesidad de cambios, aunque consideró que el proyecto “se queda corto” porque no incorpora nuevas líneas. También plantearon modificaciones que esperan sean incorporadas por el Ejecutivo, como conectar barrio Alberdi con el Hospital San Antonio de Padua y la UNRC, y ampliar recorridos en el oeste. El oficialismo había destacado el trabajo conjunto con ese bloque en iniciativas como el programa de “Paradas Seguras”, aunque ayer no estuvo presente en la votación la concejal Ana Laura Vasquetto.
Fuerza del Imperio, por su parte, acompañó la primera lectura pero no ahorró críticas. “Es una buena noticia que se rectifique el error del trasbordo, que solo complicó la vida a los usuarios”, señalaron. Sin embargo, marcaron distancia al afirmar que “esto no es todavía una modernización”, y que el desafío real pasa por facilitar el ingreso de los usuarios al sistema. El bloque también llevó al recinto una señal hacia el debate presupuestario: propuso que el Ejecutivo no aumente el boleto durante 2026 y que destine 1.500 millones de pesos del Presupuesto al sostenimiento del valor, aunque sin hablar de subsidios.
Con estos posicionamientos, todo indica que la segunda lectura será aprobada antes de que termine el año, dejando al Gobierno en condiciones de activar la reconfiguración del transporte justo cuando retornen las clases y la actividad universitaria: un desafío operativo que exigirá fina sintonía.
Más de la sesión
La sesión incluyó además una serie de reconocimientos, entre ellos la distinción como Persona Destacada del Deporte al futbolista local Santiago Abel Fernández y un homenaje al Colegio Médico de Río Cuarto por el Día del Médico. También se declaró de Interés Legislativo, Social y Deportivo el ascenso de Estudiantes a la Primera División.
En materia normativa, el Concejo aprobó una actualización del Código de Faltas para endurecer sanciones contra quienes arrojen residuos en lugares no habilitados y ratificó la adhesión municipal al Plan Provincial para la Gestión Integral de Residuos. Asimismo, se declaró de Interés Legislativo el diagnóstico del proyecto “Somos en Red”, vinculado a la violencia política de género. Finalmente, se autorizó la desafectación de una fracción de terreno del dominio público municipal para su posterior venta según lo establecido en un convenio urbanístico vigente.
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