Caso Blas Correas: fiscal pidió elevar a juicio a 11 funcionarios por encubrimiento posterior al crímen
Entre los imputados, se encuentra el exministro de Seguridad Provincial, Alfonso Mosquera, quien fue imputado por el delito de ofrecimiento de dádivas.
El fiscal Anticorrupción Franco Mondino firmó el requerimiento de citación a juicio a 11 funcionarios públicos. Cada uno fue imputado por distintos delitos por su actuación posterior al homicidio de Valentino Blas Correas, ocurrido el 6 de agosto de 2020 en la ciudad de Córdoba.
Entre los acusados figuran el exministro de Seguridad de Córdoba Alfonso Fernando Mosquera; el exsubsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica Lucas Sebastián Mezzano —actual integrante del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad—; y el comisario mayor retirado Gonzalo Leonardo Cumplido, quien se desempeñaba como subdirector general de Seguridad.
Conocido como el caso Blas Correa II, la investigación en contra de los exfuncionarios se disparó luego de la sentencia de la Cámara Octava del Crimen de Córdoba, que juzgó el homicidio del joven, y ordenó investigar la conducta de varios funcionarios públicos por su accionar tras el hecho.
Mezzano y Mosquera fueron imputados por ofrecimiento de dádivas y se suma como contraparte el mayor retirado Cumplido, por admisión de dádivas. El fiscal señaló que el exministro y su segundo habrían entregado un Toyota Corolla, con seguro y combustible, al entonces comisario mayor, mientras se investigaba el crimen policial.
Por su parte, Cumplido fue citado a indagación al ser acusado de encubrir el plantado de un arma de fuego en la escena del crimen a fin de desviar la investigación y proteger a los policías involucrados. La fiscalía sostiene que Cumplido supo del hecho y no lo denunció, pese a estar obligado por ley.
Siete agentes de policía enfrentarán juicio por cargos de abuso de autoridad. Se les acusa de no asistir a Blas Correas mientras se encontraba gravemente herido durante un control vehicular en la avenida Chacabuco y Corrientes. La Fiscalía argumenta que los oficiales, identificados como Norberto González, Emmanuel Alejandro Fachisthers, Natalia Soledad Márquez, Melisa Janet Escalante, Ezequiel Daniel Eduardo Henot, Leonardo Alejandro Martínez y Rodrigo Emanuel Toloza, incumplieron la Ley de Seguridad Pública al no proporcionar ayuda ni permitir su traslado al Hospital de Urgencias.
Por otro lado, el fiscal Mondino archivó tres de los ocho antecedentes remitidos por la Cámara: Liliana Zárate Belletti, exdirectora de Recursos Humanos de la Policía, fue sobreseída por la supuesta falta de control sobre la formación de policías; Augusto Lavalle y Carlos Ireneo Andrada fueron investigados por la falta de contención psicológica a las víctimas y familiares.
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