Sin chances de incidir, el gremialismo vio pasar la reforma previsional

Por Yanina Soria 

Los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba perdieron ayer una nueva pulseada frente al gobierno de Martín Llaryora al que le reclamaban tener alguna participación en la reglamentación del nuevo esquema previsional. 

Mientras desde la explanada del Centro Cívico demandaban una audiencia con el propio mandatario o, al menos, con el secretario General de la Gobernación, David Consalvi, adentro del Panal los equipos técnicos y políticos terminaban de escribir el texto de aplicación de la Ley de Equidad Jubilatoria sancionada hace menos de una semana por la Legislatura. La letra chica que quedó a criterio del Ejecutivo y en la que los representantes sindicales no pudieron meter ni una “coma” pese a que, según reprocharon, la Provincia había prometido una mesa de diálogo. 

Fue el propio gobernador el encargado de comunicar a través de un mensaje grabado los lineamientos generales de la reforma integral del sistema previsional de Córdoba que apunta, según dijo, a fortalecer la equidad, mejorar la sostenibilidad de sistema, proteger el poder adquisitivo de los jubilados y trabajadores activos. Una mirada totalmente distinta de la situación tienen en el frente gremial estatal que hoy volverá a reunirse a las 10 en el Sindicato Vial de Córdoba para definir las acciones a seguir. 

Recapitulando, el miércoles de la semana pasada, los sindicatos se disponían a movilizarse en contra del polémico aumento de aportes para trabajadores estatales y magistrados hacia la Caja de Jubilaciones y Apross que fijaba el por entonces proyecto de Presupuesto 2026, cuando a primera hora de la mañana se desayunaron a través de los medios de los nuevos cambios previsionales que traía en manos la Provincia. Sin precisiones de ningún tipo, los secretarios generales exigieron entonces respuestas inmediatas a las autoridades y se declararon en estado de movilización. 

Los gremios ya advertían que el nuevo esquema de aportes implicaría un ajuste para los activos y pasivos que más ganan en Córdoba, llegando en algunos casos a superar el 30 por ciento del salario bruto. 

Desde el Panal, ayer ratificaron que no hay ninguna convocatoria en agenda y que, por el contrario a lo que plantean los estatales, “es la primera vez que en una reforma previsional se genera un esquema de aumento de jubilaciones”. 

Entre las principales disposiciones dadas a conocer ayer se destaca la eliminación del FOCCA, la implementación de una nueva escala progresiva de aportes personales, el pago de un adicional no remunerativo que representa un incremento de hasta el 82% del haber bruto y la modificación del artículo 58 de la Ley 8.024, que reduce significativamente el alcance del aporte solidario, según detallaron desde el Panal.

“La reglamentación avanzó sin consenso, sin debate y sin transparencia, confirmando que el anuncio de diálogo fue solo una puesta en escena. Lo advertimos con claridad: no se puede reglamentar una ley que recorta derechos previsionales de espaldas a las y los trabajadores. No se puede hablar de diálogo mientras se cierran puertas. No se puede pedir paz social mientras se incumplen compromisos públicos”, señalaron desde el frente sindical que componen el SEP, legislativos, Suoem, bancarios, judiciales, entre otros. Hoy evaluarán también posibles estrategias judiciales a seguir. 

Desde el Gobierno, por su parte, explicaron que la normativa garantiza el pago de un adicional no remunerativo que representa un incremento del haber jubilatorio de hasta el 82% del haber bruto para los beneficiarios que perciben hasta $1.300.000. El alcance de esta medida beneficia a 52.438 jubilados y pensionados, pertenecientes a distintos sectores como docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad, municipios y comunas, entre otros.