Llaryora defendió la reforma; el Panal calcula subas de entre 12 y 21% a jubilados beneficiados

Por Bettina Marengo

Tras recordar que el problema de la Caja de Jubilaciones se resolvería “en gran parte” si la Nación enviara a Córdoba los fondos comprometidos para paliar el déficit, el gobernador Martín Llaryora explicó los alcances de la reforma previsional denominada Ley de Equidad Jubilatoria (Nº 11.087) con un mensaje grabado donde resaltó que 52.438 jubilados que perciban hasta 1,3 millones de pesos serán los beneficiarios del nuevo esquema del 82%, porcentaje que, aclaró, se dará en forma progresiva. Se trata del 27% de los 195 mil pasivos provinciales totales, que percibirán un adicional no remunerativo que representa un incremento que va del 12 al 21% del haber actual, según datos del Panal. Contrareloj y con los aguinaldos pagados, el gobierno quiere que la mejora impacte en los sueldos de diciembre, para atemperar dudas y diluir el reclamo del frente gremial que ayer se declaró en estado de alerta sin muchos matices por ahora. El principal caballito de batalla del oficialismo apunta a jubilados docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad, y empleados de municipios y comunas que no son de la Capital. Sin embargo, desde el SEP, gremio cercano al gobierno, se mostraron preocupados porque además de las novedades previsionales, la Legislatura aprobó una suba de un punto de los aportes de activos y pasivos al Apross, que actualmente pagan 5,5 y 6% respectivamente. “Nos vamos a 25 o 26% de aportes totales”, calcularon prima facie.  

“Ustedes saben que el déficit de la Caja se arrastra desde hace muchos años, de manera sostenida y durante gobiernos de distintos signos políticos”, arrancó el gobernador, en respuesta a la oposición, que le reprocha al PJ no haber podido resolver el tema en más de 25 años que lleva en el poder provincia y que seguramente utilizará el problema en la próxima campaña para elegir gobernador de Córdoba. Luis Juez, por caso, salió a criticar duramente. Dijo que el núcleo de la crisis previsional es el nivel de gasto del Estado provincial y la utilización de la caja de jubilaciones “para financiar la política” durante los años de gobierno del actual oficialismo. 

En su speech, el jefe del Ejecutivo provincial subrayó que “parte del déficit” del sistema previsional no transferido a Nación se solventa con “el esfuerzo” y los impuestos de todos los cordobeses, y advirtió que las medidas tomadas son para que mantener los ingresos de los jubilados provinciales por encima de sus pares nacionales, o sea, los que cobran de la Anses. “Equidad distributiva”, redondeó, en relación a que, los jubilados mejor pagos, tendrán más presión de descuentos.

Tal como había adelantado el Panal el domingo y reflejado este diario en su edición de ayer, luego de un fin de semana de trabajo con técnicos y políticos para ultimar los detalles de la reglamentación, el mandatario explicó los datos más fuertes de la nueva ley: casi diez mil jubilados dejarán de pagar el aporte solidario (artículo 58 de la ley 8024 de Juan Schiaretti que penaliza el doble haber), se garantiza que no habrá disminución de sueldos respecto de noviembre del 2025 por aplicación de las nuevas alícuotas de descuento, ya que se instrumentarán compensaciones a cuenta de futuros aumentos, y la eliminación del FOCCA (Fondo Solidario de Cobertura y Financiación para Desequilibrios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba).

En cuanto a la nueva escala de aportes de los activos al sistema previsional, Llaryora puntualizó que el 74% de los trabajadores del Estado no tendrá modificaciones en su aporte, y que en el caso del sector docente, crónicamente enojado con el Gobierno, los empleados “a salvo” llega al 87 por ciento. Un dato que la UEPC provincial a cargo de Roberto Cristalli seguramente agradecerá ya que el año que viene el gremio tiene elecciones de delegados escolares. 

La ley de Equidad elimina el aporte fijo del 4% para los trabajadores activos y lo reemplaza por una escala que va del 2 por ciento para salarios de hasta 755.000, del 3 por ciento para los sueldos de entre 755.000 y $1.000.000 y del 4% para los activos que cobren entre un millòn y dos millones y medio. A partir de allí las alícuotas suben al 6 por ciento para los sueldos de entre 2,5  y 3,5 millones y del 8 por ciento para los haberes por encima de los 3,5 millones mensuales. Esta información era la más esperada por los gremios aportantes a la Caja, ya que la nueva modalidad da de lleno al grueso de los bancarios, judiciales (pero también magistrados del Poder Judicial), municipales del Suoem y lucifuercistas.

Con respecto al resistido artículo 58 del aporte solidario, la ley sube el piso desde el cual se aporta, de $1.260.000 a $1.890.000 mensuales en todo concepto. Con esta  modificación y según los cálculos del Panal, 9.856 beneficiarios dejan de pagar el ítem. Hay nuevas alícuotas van del 5% al 20%, aplicadas de manera escalonada según el nivel de ingresos: entre$1.890.000 y $2.100.000, la alícuota será del del 5%. Entre $2.100.000 y $2.520.000, la alícuota será del 10%. Entre 2.520.000 y 2.940.000, del 15%. Y para haberes totales arriba de los $2.940.000, el 20%