La UEPC reabre el frente gremial de Llaryora
Por Felipe Osman
La UEPC presentó ayer, en asamblea informativa de delegados escolares, la oferta que la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de David Consalvi, puso sobre la mesa de negociación en la tarde del lunes.
La propuesta es sencilla: reajustes salariales mensuales desde febrero de 2026 hasta enero de 2027 (inclusive) iguales a la variación del IPC del mes inmediato anterior. Cada reajuste se pagará como concepto no remunerativo el primer mes para incorporarse al “blanco” el mes siguiente; y en el caso de que la recaudación provincial caiga por debajo de la inflación, ese porcentaje funcionará como techo de la recomposición.
Es ese apartado, que conforma el núcleo de la oferta, se agrega el compromiso de la Provincia de seguir financiando el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) -que eliminó el Gobierno Nacional- y mantener suspendido el FOSAET -que creó la propia Provincia- hasta el mes de junio.
En suma, la oferta es empardar la inflación si los vientos son propicios, y ser socios en las pérdidas si cae la recaudación.
El problema es que, para los docentes, la línea de base ha quedado demasiado atrás, producto de la licuación salarial del primer semestre del Gobierno libertario que nunca llegó a compensarse. De ahí el reclamo de que la propuesta vaya más allá de un reajuste. Buscan una recomposición.
El año pasado, después de un mes de conflicto, la UEPC aceptó la oferta del Centro Cívico el 18 de marzo. No fue ni la primera ni la segunda, sino la tercera. Con dos paros en el camino.
Esa oferta, a diferencia de la actual, proponía actualizaciones salariales con adelanto de pauta durante los primeros seis meses del acuerdo. A modo de recordatorio, ofrecía una recomposición adelantada del mes inmediato posterior según la siguiente secuencia: con los salarios de febrero, los docentes percibirían un aumento del 7 por ciento, para recomponer la inflación que de febrero y marzo. Al cobrar el salario de abril, tendrían un reajuste del 5 por ciento, para cubrir la inflación de abril y de mayo. En junio, un reajuste del 3 por ciento, para junio y julio. Y en agosto, otro tres por ciento para cubrir el IPC de agosto y septiembre. Desde de octubre, en tanto, los reajustes volverían a correr por detrás de la inflación.
Dada la distorsiva ponderación que los estatutos de la UEPC hacen de la representatividad de cada departamento, el resultado de la asamblea provincial, en la que votan los delegados de cada departamento, es siempre una incógnita.
Sin embargo, delegados del oficialismo y la oposición gremial coincidían ayer en que la oferta tiene amplias chances de ser rechazada. Adonde se diferencian es que, para los segundos, la puesta a consideración de la propuesta es, en sí misma, un ardid para empezar un proceso de desgaste entre las bases del gremio que termine posibilitando que una oferta ulterior pase, incluso cuando sea insuficiente para la mayoría de los docentes.
En esa línea, traen a colación el bono de 100.000 pesos que la Provincia incluyó en su tercera oferta en marzo del año pasado, cuando los salarios venían vapuleados por la inflación y amenazados por los descuentos por días de paro. En aquel contexto, incluso esa modesta suma bastó para inclinar la balanza. La sospecha de ahora (y de siempre) del gremio es que la Provincia buscará replicar el contexto.