Con la regulación de naranjitas, Llaryora le pasa la pelota a Passerini

Esta semana, la Capital cordobesa obtendrá una primera aproximación a lo que -luego se espera- se convierta en la respuesta definitiva a un tema social urgente: los naranjitas.

Después de muchas idas y vueltas, incluso dentro del propio oficialismo, la semana pasada el gobernador Martín Llaryora tomó las riendas del asunto y presionó para que la Legislatura avance de una vez por todas con los cambios necesarios en el Código de Convivencia. El paso previo fundamental que la ciudad necesita para trasladar después la discusión al Concejo Deliberante.

El gobernador apuró el tratamiento de un marco general que luego le permitirá a cada municipio definir si quiere tener o no este tipo de actividad en su jurisdicción. Si bien la ley es de alcance provincial, la realidad es que el epicentro del conflicto está en la ciudad de Córdoba donde el tema se volvió un verdadero dolor de cabeza para la gestión municipal y para los mismos vecinos.

La demanda de una respuesta clara y el orden sobre un sistema desmadrado que mezcla sin distinciones a delincuentes con trabajadores (formales e informales) aparece en las encuestas que tanto miran desde el Panal y que guionan muchas de las acciones de la Provincia. En este caso, se trata de un malestar generalizado en la ciudad que concentra el 40 por ciento del electorado y donde el peronismo necesita levantar el aplazo frente a sus vecinos; esos mismos a los que el año que viene le pedirá el voto para su proyecto reeleccionista.

Por eso, hace unos días, Llaryora sentó en la mesa a los funcionarios, legisladores y ministros involucrados en el tema, y ordenó celeridad. También participó Daniel Passerini sobre quien ahora recaerán las miradas de los que esperan que, después de tal movida a nivel provincial, el intendente priorice el tema en la agenda municipal y avance con el plan definitivo para la ciudad.

Una vez cerrado el capítulo legislativo, la discusión se trasladará al plano capitalino donde comenzarán a tallar otros actores de la política, como son los bloques de concejales opositores y sus alternativas presentadas. 

Debate, despacho y recinto

El oficialismo legislativo metió primera y esta semana espera sancionar los cambios necesarios en el Código de Convivencia para penalizar la actividad ilegal de cuidacoches y la prohibición de limpiavidrios.

Al riocuartense Juan Manuel LLamosas, presidente Provisorio de la Cámara y responsable de la comisión de Seguridad, le tocó recoger el guante y ordenar la discusión que, de vuelta, es casi exclusivamente capitalina. Pues en el interior, el sistema funciona de otra manera y en ningún pueblo o ciudad representa el nivel de conflictividad social que sí tiene en Córdoba.

De cualquier modo, ese marco regulatorio provincial es necesario por lo que el debate arrancará hoy en la Legislatura con la presencia de miembros de las cooperativas, de centros vecinales, del Comipaz y la Iglesia. Si bien Hacemos Unidos no presentó un proyecto en concreto, se acordó tomar como base el del legislador del Pro, Oscar Agost Carreño, que sería nutrido con aportes de los ya presentados por la UCR y el socialismo.

El peronismo quiere dictaminar con el máximo consenso posible el martes para que, finalmente, la iniciativa se sancione con el apoyo de gran parte de la oposición. Una de las iniciativas que quedaría directamente afuera es la del legislador Gregorio Hernández Maqueda quien viene desde hace años pidiendo ordenar el uso del espacio público de la ciudad prohibiendo de cuajo la actividad.

Por lo que trascendió de las conversaciones previas que existieron entre el PJ, la UCR y el PRO, incluso con la Iglesia, la nueva normativa reconocería a los naranjitas legales y promoverá programa de reinserción con acompañamiento de la Provincia.

Al proyecto de Agost Carreño se le sumaría el capítulo social de la iniciativa que oportunamente impulsó el socialista Matías Chamorro. En su texto, el legislador se diferenció de los enfoques exclusivamente punitorios poniendo el eje en la reinserción social y laboral. Una perspectiva que se acerca más a lo que está pidiendo la Iglesia a través del arzobispo Ángel Rossi, un actor fundamental en esta discusión.

La jornada de hoy promete polémica, aunque la puntada final en Capital será responsabilidad del intendente Passerini.