Crece la factura política a Llaryora por el reparto desigual entre Capital y el interior

Lo que la Provincia presentó esta semana como una obra de gestión para la Capital puede terminar abriendo un frente político más para el Panal. El plan de alumbrado público por $37.500 millones anunciado por Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini reactivó un reclamo que viene creciendo, por parte de intendentes del interior: el cuestionamiento al sesgo en la distribución de recursos provinciales.

Los anuncios alinearon a la oposición capitalina, encabezada por el Frente Cívico, por el modo en el que llegan los recursos, sin posibilidad de ser discutidos en el Concejo Deliberante.

El programa anunciado esta semana prevé la readecuación integral de las 165.000 luminarias de la ciudad en un plazo de 25 meses, con recambio a tecnología LED, mejoras en la red y tareas de mantenimiento. La ejecución quedará en manos de EPEC, con unas 60 cuadrillas desplegadas, mientras el municipio definirá zonas de intervención y certificará avances.

A su vez, durante el fin de semana de Pascuas, el gobernador Llaryora se mostró inaugurando obras de bacheo en la Capital, obras que son necesarias, pero criticadas por la simbología doméstica de la cuestión, en manos de un gobernador. Al margen de que los opositores también cuestionan la bajada de estos recursos, también para la Capital.

El oficialismo busca mostrar gestión en tiempos de recortes por parte del gobierno nacional pero también aparece el ruido político.

Intendentes del interior, incluso pertenecientes al propio cordobesismo vuelven a plantear una incomodidad que viene creciendo, sobre todo en tiempos de austeridad y de caída en la recaudación. Según remarcan, la Capital vuelve a quedarse con una porción representativa  de la obra pública y de la atención del Panal. Afirman que esta no es una dinámica nueva, pero advierten que el contexto actual la vuelve más sensible. Sin la posibilidad de recibir recursos en el plano nacional para compensar, los municipios dependen casi exclusivamente de la Provincia para sostener obras, servicios y la discrecionalidad profundiza las diferencias.

Esta vez el alumbrado funciona como caso testigo. No se discute la necesidad de la obra pero apuntan a la metodología.“El costo de sostener la gestión en la capital se está llevando la mayor parte de los recursos”, declaró un intendente peronista del interior, donde el reclamo regional empieza a tomar su volumen.

El Frente Cívico capitalizó ese malestar y lo llevó al Concejo Deliberante. El espacio de Luis Juez cuestionó el destino de los fondos sino también el formato del convenio. La intervención de EPEC como ejecutora de la obra encendió las alertas: advierten una “concentración de funciones” donde ejecución, control y certificación quedan dentro de un mismo circuito. A su vez se preguntan sobre qué pasará con los empleados municipales de alumbrado público, si la EPEC es la que va a hacer las tareas.

La concejala Graciela Villata fue la voz más directa: denunció que el acuerdo pretende aprobarse “a libro cerrado”, sin información detallada sobre su instrumentación y con escaso margen para el debate en el recinto. En el juecismo insisten en que no se oponen a modernizar el sistema que está golpeado por el uso, el vandalismo y el clima, pero sí a un esquema que debilita los contrapesos institucionales.

Del lado del oficialismo destacan la capacidad operativa de EPEC luego de su reestructuración y plantean que la  articulación Provincia-Municipio es la única vía para sostener obras de esta escala en un escenario de ajuste nacional.

El conflicto empieza a correrse del alumbrado y el bacheo, y se mete de lleno en la discusión por el federalismo puertas adentro de Córdoba. Mientras la Provincia le reclama a la Nación por recursos y equidad, los intendentes del interior se anotan y reclaman el mismo criterio diciendo que “no se replica en casa”.