El juecismo busca marcarle reglas electorales a Llaryora
Con un proyecto que pone el foco sobre el uso político de la gestión, el legislador provincial Walter Nostrala, del juecismo, volvió a llevar al recinto una discusión sensible para cualquier oficialismo.
La iniciativa propone modificar dos artículos del Código Electoral Provincial (Ley 9.571) para extender los plazos durante los cuales quedarían prohibidos la publicidad oficial y los actos inaugurales de gestión antes de una elección. De esta manera, el juecismo busca cambiar reglas de juego en tiempos de campaña.
Aunque el proyecto se presenta bajo el argumento de “garantizar igualdad de oportunidades” entre oficialismo y oposición, la lectura política es otra. El Frente Cívico vuelve a instalar una crítica histórica al peronismo cordobés: el uso del aparato estatal y la comunicación institucional como ventaja competitiva durante campañas.
En sus fundamentos, Nostrala habla directamente de un “estado de campaña permanente” del Gobierno provincial y sostiene que las normas actuales generan una posición de privilegio para quien administra el Ejecutivo.
La propuesta modifica dos artículos centrales del régimen electoral: Amplía de 30 a 45 días la prohibición de realizar publicidad oficial antes de una elección y extiende de 15 a 45 días el impedimento para inaugurar obras públicas o lanzar programas y políticas de alcance colectivo.
El argumento del legislador es que ambos plazos deberían alinearse con el artículo 209 del propio Código Electoral, que establece que las campañas electorales tienen una duración de 45 días previos a la veda.
El mensaje político es claro: si la campaña dura 45 días, el Gobierno tampoco debería disponer de herramientas institucionales para comunicar gestión durante ese período.
La discusión no es nuevo. Cada ciclo electoral reabre cuestionamientos sobre anuncios de obras, inauguraciones, lanzamientos de programas o campañas institucionales que, para la oposición, funcionan como promoción indirecta de quienes gobiernan.
Sin dudas, el punto más sensible está en las inauguración de obras, anuncios etc. Si la modificación sobre publicidad suma restricciones, el punto clave está en el artículo 221.
Hoy, el gobierno de Córdoba, puede inaugurar obras o lanzar programas hasta dos semanas antes de votar. Con la reforma, ese margen se reduciría a un mes y medio.
Eso impactaría directamente sobre cualquier estrategia preelectoral basada en anuncios de infraestructura, entrega de viviendas, apertura de hospitales o presentación de políticas públicas.
Para Nostrala, el límite actual es insuficiente. Para cualquier oficialismo, endurecer esas restricciones implica resignar una de las herramientas más visibles de construcción política, y que en Córdoba en particular, las obras son el sello de gestión, sobre todo frente a un gobierno nacional que las frenó.
Si bien desde el propio Frente Cívico marcan que es muy probable que el proyecto no tenga éxito en la Legislatura, frente a una mayoría oficialista, dicen que convirtieron el reclamo en proyecto concreto.