El oficialismo y la Justicia intentan el modo “gestión de crisis”
El femicidio de Agostina Vega golpeó fuerte en el oficialismo provincial y municipal de una manera que no se veía desde el asesinatos de los bebés en el Hospital Neonatal durante el gobierno de Juan Schiaretti. En el Panal la decisión fue mantener la cautela y bajar el perfil mientras el operativo “control de daños” se ponía en marcha. Que sea una crisis pero no un cisne negro, es la idea. La reunión entre los abuelos de la jovencita asesinada, el gobernador Martín Llaryora, el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, y el omnipresente abogado Carlos Nayi fue un primer punto para empezar a descomprimir. Ayer, en primera actuación pública luego del hallazgo del cuerpo de la víctima, el mandatario encabezó el acto por el Día del Bombero, donde pidió un minuto de silencio por Agostina y habló de “momentos muy duros, difíciles y tremendos”. “Es imposible encontrar palabras que alcancen para describir el dolor, la bronca y la conmoción que generan hechos de estas características”, agrego.
Ayer, el intendente Daniel Passerini hizo un acto de autoridad forzando la licencia por tiempo indeterminado del concejal Ricardo Moreno, el dirigente del PJ Capital que en 2021 hizo ingresar a la Municipalidad, en carácter de becario, al asesino de Agostina, Claudio Barrelier. Cuatro años después, el mismo Moreno fue su abogado defensor en otra causa que investiga el intento de privación ilegítima de la libertad sucedido en el mismo domicilio donde mató a la adolescente. La víctima entonces fue una chica de 20 años, que zafó. “Se cargó un concejal de Alejandra Vigo”, ironizó un dirigente. La interna del PJ capitalino siempre presente.
La Justicia también buscó señales. El fiscal Raúl Garzón, el del papelón nacional por pedir una medalla para los perros que olfatearon hasta llegar a los restos de Agostina en el predio de Ampliación Ferreyra, acumuló la causa del intento de secuestro mencionado arriba que hasta ahora tenía otro cuestionado fiscal, Iván Ferreyra. La decisión la tomó el fiscal General Carlos Lescano con el adjunto Alejandro Pérez Moreno y el propio Garzón.
De Ferreyra, además de tener un pedido de jury en su contra, igual que Garzón, se sabe que no asumirá su rol como miembro de la Procuraduría Penitenciaria hasta tanto la causa del 2025 no finalice o llegue a alguna sentencia final. La Procuraduría es un organismo autónomo pero con dependencia del TSJ, según se encargó de recordar el Panal. El cargo tiene carácter vitalicio y es muy bien pago. La presidenta de ese organismo es la fiscal Adjunta Bettina Croppi, la acusadora del jury a los tres fiscales de la causa Dalmasso, que finalizó con una triple destitución. Aunque el llaryorismo anunció con bombos y platillos la creación de esta Procuración Penal para actuar directamente sobre las cárceles provinciales, todavía no la pondrá en marcha y no está claro cuándo lo hará. El nuevo fiscal adjunto, Néstor Gómez, el llaryorista de San Francisco que iba a reemplazar a Croppi, tendrá que esperar.
El TSJ se adelantó al pedido del Frente Civico que comanda Luis Juez, que instó al máximo tribunal, a que “arbitren las acciones correspondientes a los fines de diferir-suspender el juramento” del fiscal Rodríguez, con el argumento de que sobre el funcionario penden “pedidos de Jury de enjuiciamiento” por su desempeño, “lo que podría acarrear una ausencia de idoneidad ética y moral para el ejercicio de su futuro cargo”.
Por ahora, los pedidos de jury presentados por la oposición juecista, radical y otros por un lado, y de la izquierda por otro, fueron a título periodístico y político. El proceso es largo, pero lo cierto es que esta vez no parece “un reclamo más” de las bancadas críticas. El oficialismo mostró interés en conocer el escrito y el día de la presentación formal ante la comisión, los argumentos y los detalles que manejan los denunciantes para avanzar. Y recuerda que también la Justicia, a través de la vocal del TSJ, Aída Tarditti, integra el Jurado de Enjuiciamiento. Nadie adelanta nada, pero tampoco niega nada.
Antecedentes y narcotest para todos y todas
Golpeado porque la Municipalidad albergó laboralmente al asesino de Agostina, el intendente Passerini extendió los controles de antecedentes penales y narcotest a la totalidad del personal municipal, independientemente de su situación de revista, tal como ya ocurre con los funcionarios políticos de la administración. Según se informó, la medida será instrumentada a través de un proyecto de ordenanza que ingresará para su tratamiento en la próxima sesión del Concejo Deliberante, prevista para este jueves 4 de junio. La iniciativa establecerá los plazos, alcances, procedimientos y demás disposiciones necesarias para su implementación.