La tragedia ocurrida sobre la ruta nacional 35, donde murieron dos personas en un choque múltiple a la altura del paraje La Ensenada, en el sur de la provincia, dejó de ser un episodio más dentro de la sucesión de accidentes que se registran en los corredores nacionales de Córdoba. El hecho adquirió una dimensión política distinta luego de conocerse el informe elaborado por la Policía Caminera, que expuso deficiencias propias de la falta de mantenimiento.

Las autoridades provinciales tomaron nota del reporte que señala la ausencia de cartelería y señalización, pero pone especial atención en el deterioro general de la carpeta asfáltica. Un diagnóstico que volvió a instalar sobre la mesa una discusión que la Provincia sostiene desde el inicio de la gestión de Javier Milei: el progresivo abandono de las rutas nacionales como consecuencia de la paralización de la inversión en infraestructura vial.

Pero, a diferencia de episodios anteriores, el cordobesismo parece decidido a transformar el reclamo técnico en una disputa política con destinatario definido. La decisión quedó reflejada en la reacción casi simultánea de distintos referentes del oficialismo provincial, que llevaron el tema a diferentes niveles institucionales. “Son rutas fatales”, señalan desde el oficialismo cordobés sobre esta situación.

El diputado nacional Carlos Gutiérrez anticipó que planteará una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei durante la próxima sesión de la Cámara de Diputados. Para el legislador, el siniestro “se debió fundamentalmente al estado de la ruta y a la falta de señalización”, además de denunciar “un abandono absoluto de la infraestructura y del cuidado de la vida de las personas”.

En la Legislatura provincial, Juan Manuel Llamosas también endureció el tono. El exintendente de Río Cuarto cuestionó la decisión del Gobierno nacional de abandonar el mantenimiento de la infraestructura vial y sostuvo que esa política termina multiplicando tragedias en distintos puntos del país. El legislador, que oficia de tercera autoridad provincial, recordó que el tema ya motivó pedidos de informes y expresiones institucionales, aunque sin respuestas concretas por parte de Nación, e insistió en que las provincias no pueden afrontar por sí solas una responsabilidad que constitucionalmente corresponde al Estado nacional.

Las expresiones no parecen responder únicamente a iniciativas individuales. En el Panal admiten que el deterioro de las rutas comienza a ocupar un lugar prioritario dentro de la agenda política y entienden que el costo del abandono ya no puede diluirse entre discusiones administrativas o presupuestarias cuando los accidentes fatales comienzan a acumularse.

La discusión tiene, además, un antecedente reciente. En abril, el Gobierno nacional habilitó mediante decreto la posibilidad de transferir la administración de determinados tramos de rutas nacionales a las provincias. La medida fue interpretada en Córdoba como una delegación de responsabilidades sin garantía de financiamiento. De hecho, aunque la Provincia resolvió asumir con recursos propios la finalización de la autopista de la ruta 19, se mostró reticente a avanzar con nuevos convenios mientras no haya garantías de una inversión nacional para rehabilitar los tramos más deteriorados de las rutas nacionales.

Desde el Gobierno provincial recuerdan que el decreto únicamente prevé convenios específicos con Vialidad Nacional para cada tramo, sin establecer mecanismos concretos de financiamiento. Por eso sostienen que cualquier negociación debería incluir la transferencia de recursos nacionales, particularmente aquellos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos y de los fideicomisos destinados históricamente a infraestructura vial.

Ese planteo continúa vigente, aunque el escenario político haya cambiado. La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete abrió un canal de diálogo más fluido entre la Casa Rosada y los gobernadores, especialmente con Martín Llaryora, uno de los más cercanos al ministro nacional. Sin embargo, la obra pública aparece como uno de los pocos temas donde los márgenes para alcanzar acuerdos siguen siendo reducidos.

Incluso dentro del propio oficialismo nacional reconocen que la prioridad del equilibrio fiscal deja escaso espacio para recomponer el nivel de inversión que demandan las rutas nacionales. Esa restricción explica, en parte, por qué el reclamo cordobés comienza a subir de tono.

Llaryora mantiene públicamente un discurso institucional y suele limitarse a contrastar la inversión que realiza Córdoba en infraestructura con la ausencia de obras nacionales. Pero en las últimas semanas fueron sus principales referentes quienes asumieron un papel más confrontativo. Gutiérrez llevará el reclamo al Congreso, Llamosas promete convertirlo en bandera dentro de la Legislatura, pero los intendentes también acompañarán con una postura más fuerte que la demostrada hasta el momento.

En el Panal interpretan que la discusión por las rutas ingresó en una nueva etapa. Si hasta ahora el reclamo giraba alrededor de la distribución de recursos y la continuidad de la obra pública, el deterioro de los corredores nacionales y la sucesión de accidentes empiezan a trasladar el debate hacia las responsabilidades políticas. En ese escenario, el cordobesismo parece decidido a exponer a la administración de Javier Milei mientras el relato libertario, guionado en Córdoba por Gabriel Bornonori, le cae a los intendentes por los baches en las calles de sus municipios. “Es una contradicción que no estamos dispuestos a dejar pasar”, comentan desde el Panal.