Los líderes mesiánicos no nacen de la nada

De la esperanza al estancamiento socioeconómico

Durante el período de Néstor Kirchner (2003-2007), la reconstrucción de la autoridad presidencial se articula dentro de una coyuntura económica favorable. En los primeros cuatro años, la administración respeta el esquema del doble superávit, fiscal y externo, mientras el ordenamiento posdevaluación y el boom de la soja posibilitan un crecimiento a tasas chinas. La inflación bajo control, el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) y la renegociación de la deuda externa fortalecen la imagen de seriedad en el manejo de la economía, a lo cual contribuye la continuidad del ministro de Economía del gobierno de Duhalde.

La renovación de la Corte Suprema, la subordinación militar y la recuperación de la capacidad decisoria del Ejecutivo le otorgan una centralidad política inédita. Sin embargo, durante el gobierno de Kirchner aparece un quiebre decisivo en la arquitectura institucional: intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en 2007, condicionamiento de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), restricciones a la Auditoría General de la Nación (AGN) y presión sobre el Consejo de la Magistratura a partir de la reforma de 2006, que reduce la representación de las minorías.

Estos movimientos, que pueden ser encuadrados dentro del concepto de democracias delegativas según O’Donnell (La Nación, 2010), señalan el abandono de la institucionalidad inicial, al subordinar los organismos de control a una lógica de acumulación política. A esto se suma la renuncia del ministro de Economía.

En paralelo, el gobierno construye un capital simbólico que le da identidad progresista: alianza estratégica con organismos de derechos humanos, especialmente Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La convergencia se presenta como reparación histórica y recuperación del Estado frente a las deudas de la transición democrática.

Hacia el final del período, desarrolla una intensa política de corte clientelar en el conurbano bonaerense y una estrategia de sometimiento o conciliación con grupos piqueteros, lo que disminuye la protesta social. Estas políticas, junto con la de subsidios a partir de 2007, repercuten en el incremento del gasto público e impactan en la inflación, debilitando el superávit fiscal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2010).

El poder acumulado, dentro de un proceso de crecimiento superlativo y expansión del gasto, le da autonomía para elegir como sucesora a Cristina Fernández de Kirchner, hecho con reminiscencias monárquicas.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) profundiza la centralización del poder. Su discurso articula épica confrontativa y presidencialismo, subordinando la economía a objetivos de poder.

Como advierte O'Donnell, la democracia delegativa no nace con el kirchnerismo, sino que constituye una deriva recurrente desde 1989. Bajo Néstor y Cristina Kirchner, esta se intensifica. Si Menem la ejerce para desregular, los Kirchner la usan para reestatizar y cooptar, desplazando los controles horizontales y concentrando en el Ejecutivo la definición del interés nacional. La presidenta se asume como única intérprete del Pueblo.

En ese transcurso, “la gesta política” se fortalece con el conflicto agropecuario y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tensan el pluralismo y la libertad de prensa. Svampa (2016) sintetiza el fenómeno como populismo de alta intensidad, que parte de la reivindicación del Estado y la dicotomización antagónica.  Identifica tres dimensiones: estructura verticalista donde la obediencia sustituye la militancia crítica; liderazgo plebiscitario que monopoliza la representación; y eficacia simbólica del relato que encubre inconsistencias y corrupción sin accountability horizontal. Gerchunoff (2026), “en La demora y la prisa,” demuestra que, tras la recuperación inicial de 2003-2007, el modelo kirchnerista ingresa en una fase de deterioro estructural cuando la política económica deja de apoyarse en reglas y pasa a depender de decisiones discrecionales orientadas al poder. El sistema pierde anclajes fundamentales dentro de las reglas de juego de una economía de mercado. En 2011 se instituye el cepo cambiario. Errores críticos en la política energética de Kirchner obligan a la renacionalización de YPF.

La aproximación al chavismo, la cooptación de la juventud, la extensión de derechos a minorías que vienen luchando desde hace largo tiempo por su reconocimiento —como el matrimonio igualitario— y el afianzamiento presupuestario del sistema universitario y científico consolidan un núcleo duro de carácter transversal. La exuberancia en el manejo del poder sufre un llamado de atención en las elecciones de 2013, que refleja la creciente pérdida de apoyo de las clases medias, lo que se pone en evidencia en las elecciones de 2015.

A diciembre del 2015: un sistema de subsidios de carácter regresivo, precios relativos altamente distorsionados, un desequilibrio macro que se refleja en un déficit financiero de entre 4,1% y 5,4% del PBI (ASAP y Hacienda, respectivamente), una inflación de entre 26,9% anual (IPCBA) y 31,6% anual (San Luis); y una tasa de pobreza de 29% (UCA), que equivale a 13 millones de personas.

Persiste, no obstante, un núcleo de apoyo que interpreta el discurso confrontativo como ejercicio de valentía política y tiende a relativizar prácticas que, desde una perspectiva republicana, configuran una matriz de corrupción sistémica y un debilitamiento de la democracia.

*Dr. En Ciencia Política (UNC-CEA)