Nacionalismo, inmigración y libertad de expresión

Aprendí la distinción sobre lo que es el derecho a la nacionalidad por el suelo o por la sangre a muy temprana edad. Mi primo nació en Francia y se pasó una década siendo un apátrida. Allá no le daban los papeles porque mis tíos volvieron a Argentina poco después del nacimiento y acá tampoco le tocaba porque no había nacido en suelo argentino. Tenía un estatus irregular en los dos países, con el documento marrón número 93 millones en Argentina. Después de muchos trámites la cosa se resolvió, pero esa distinción legal sigue ahí.

No sé exactamente si el origen de la clasificación se remonta al tiempo de las migraciones transoceánicas, pero tendría mucho sentido. Los países que expulsaban gente defendían la pertenencia a una comunidad nacional por la ascendencia, mientras que los que recibían a toda esa gente impulsaban desde el Estado la creación de una nación. Todo lo que salía de allá era de allá; todo lo que llegaba acá era de acá.

Hoy los flujos migratorios han cambiado y esas categorías no tienen sentido. Francia, que no le daba la nacionalidad a mi primo (o a nadie) por el lugar de nacimiento, tuvo 98 jugadores en el mundial, la mayoría jugando para otros seleccionados según la ascendencia de sus padres o abuelos. Es parecido al caso de Nico Paz, que habiendo nacido en España jugó para Argentina por la nacionalidad de su padre.

Las fronteras se han hecho más o menos porosas, de allí que las identidades nacionales también se han visto modificadas. De a poco empezamos a acostumbrarnos a aquello de que el argentino nace donde quiere, quizás porque vemos hijos de la diáspora que celebran con sus padres triunfos de un país que casi no conocen. Lo veo con los hijos de mis amigos que viven afuera y me genera una angustia difícil de poner en palabras, tal vez porque a pesar de haber pensado alguna vez con la emigración nunca me pude imaginar criando hijos lejos de nuestras costumbres.

La semana pasada el presidente firmó un decreto para acelerar la expulsión de los inmigrantes que expresen o hubiesen expresado ideas contrarias al país que los recibe y los trata como iguales de acuerdo a nuestras leyes, según las cuales cualquier inmigrante residente puede acceder a los mismos beneficios que cualquier nativo. Tras el decreto queda expuesto a perderlo todo por actuar en contra de lo único que le pide este país a los que lo habitan: amar esta tierra antes que otra.

El decreto es ambiguo, pero se encarga de establecer expresamente que no penaliza los disensos o críticas nacidas al calor de la libertad de expresión, aunque menciona esa horrible fórmula de los “discursos de odio” con la que el kirchnerismo trataba de silenciar a la oposición. Por momentos acá pareciera que se pretende algo más o menos parecido.

Argentina es un país mucho más libre de lo que podemos imaginar cuando se habla de libertades civiles. Aunque existe un idioma oficial, nadie tiene problemas por publicar o comentar en otro idioma. Aunque el Estado sostiene una religión, nadie puede ser perseguido por no profesarla. Aunque haya ciertas ideas políticas dominantes, cada uno puede criticarlas todo lo que quiera.

Nacionales o extranjeros.

Millones de personas han llegado a este país con poco más que lo puesto y saben que no hace falta mucho para abandonar un lugar en el que se sufren carencias o persecuciones en busca de un lugar mejor para vivir. Por eso este país recibe más gente que la que expulsa.

Defender al país y a la gente que permiten el libre ejercicio de tantos derechos negados en el lugar de origen debería ser un requisito mínimo para cualquier persona que quiera venir a disfrutar de los mismos, pero criticarlo no debería implicar el miedo de ser expulsado bajo esa endeble figura del discurso de odio.