Cardinali y Julián López presentaron un sistema de denuncias anónimas anti narcotráfico

El intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, recibió al ministro de Justicia y Trabajo de la Provincia, Julián López, en una jornada de trabajo que tuvo como eje la prevención y la lucha contra el narcotráfico en el territorio. El encuentro reunió a representantes de clubes deportivos, instituciones intermedias, centros vecinales y organizaciones de la comunidad coscoína.

En ese marco se presentó un nuevo sistema llamado “Juntos en Alerta”, a cargo de la Secretaria General de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, Nadia Fernández, de denuncias anónimas orientado a recibir información sobre puntos de venta de drogas y actividades vinculadas al narcomenudeo. La herramienta apunta a que vecinos e instituciones puedan aportar datos sin exponer su identidad, y a fortalecer el vínculo entre la comunidad y los organismos encargados de la investigación.
La elección de los clubes y las instituciones como interlocutores no es casual. Son los espacios donde se juega buena parte de la contención de niños, niñas y jóvenes, y donde primero se detectan los problemas que atraviesan a los barrios. Para la gestión de Cardinali, sumarlos a la red de prevención es una manera de que la política de seguridad no quede limitada a los operativos y tenga anclaje territorial.

El respaldo de la Ley Antibúnker

La visita de López llega pocos meses después de que la Legislatura cordobesa aprobara una de las normas más relevantes del año en materia de seguridad. La Unicameral sancionó por unanimidad la Ley Antibúnker, impulsada por el gobierno provincial, para que los inmuebles utilizados para la venta de drogas, actividades delictivas o como refugio de delincuentes puedan ser intervenidos con nuevas herramientas administrativas y judiciales. Posteriormente, el gobernador Martín Llaryora promulgó la ley Antibúnker y Antiaguantaderos, que establece un nuevo régimen para intervenir inmuebles y otros bienes utilizados para actividades delictivas o que, por su estado de abandono y deterioro, representen un riesgo para la seguridad pública y la convivencia ciudadana.

La norma modifica la Ley Provincial 10.067 para permitir que el fiscal especializado solicite al juez medidas destinadas a hacer cesar el funcionamiento de un búnker, entre ellas la clausura, el aseguramiento del inmueble, la exclusión de personas vinculadas a la actividad ilícita y, de manera excepcional, la remoción, inutilización o demolición total o parcial de las estructuras usadas para el narcomenudeo, siempre mediante resolución judicial fundada.

El propio López tuvo un rol central en su elaboración: el ministro explicó en su momento que el proyecto surgió del trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad y con fiscales en situaciones que involucraban tanto al fuero antinarcotráfico como a los delitos comunes.

Un punto que conecta directamente la ley con la agenda de los municipios es la articulación territorial. La norma crea la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos, que coordinarán el trabajo entre los ministerios de Seguridad y de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y los gobiernos locales para planificar, ejecutar y monitorear las intervenciones. Además, el 40% de los recursos obtenidos por multas se destinará a programas, dispositivos y políticas públicas de lucha contra el narcotráfico bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Trabajo.

Cosquín en la red provincial

Con la presentación del sistema de denuncias anónimas, Cosquín se suma a la estrategia provincial desde el primer eslabón: la información que aportan los vecinos. La lógica es complementaria a la de la Ley Antibúnker: mientras la denuncia permite detectar e investigar, la nueva legislación habilita que, una vez desbaratado un punto de venta, el inmueble no vuelva a quedar a disposición del delito.

Para Cardinali, la presencia del ministro en la ciudad consolida la sintonía con el gobierno de Llaryora en una agenda sensible para el Valle de Punilla, donde la temporada turística y el crecimiento urbano plantean desafíos propios en materia de seguridad.