Passerini suma gira nacional y respaldo federal para blindar recursos
Mientras busca asegurar el cobro de Comercio e Industria en la ciudad, Passerini llevará la discusión por los recursos municipales a una mesa más amplia. Reunirá hoy, en el Concejo Deliberante, a su par rosarino, Pablo Javkin, y a especialistas en la materia de la talla de Antonio María Hernández y Germán Krivocapich, Administrador Gubernamental de Ingresos de CABA.
La actividad, organizada por el CEATS (Foro de Administraciones Tributarias Subnacionales), propone debatir el actual reparto de recursos y competencias entre Nación, provincias y municipios, y poner en agenda un problema central en la vida institucional argentina: el dictado de una nueva ley de Coparticipación.
La convocatoria tiene un contexto inmediato. Ayer, la Comisión de Economía y Finanzas del Concejo Deliberante aprobó -sólo con votos PJ- las dos modificaciones al Código Tributario impulsadas por el Ejecutivo. La principal busca fortalecer el encuadre de Comercio e Industria como tasa, frente a los cuestionamientos que precisó el fallo de la Corte Suprema en la causa del “Banco Galicia contra Municipalidad de Córdoba”, y que abre la puerta a la proliferación de denuncias de contribuyentes ante la Comisión Federal de Impuestos.
El encuentro busca colocar esa urgencia local dentro de la gran discusión federal: cómo se distribuyen los recursos y quién presta los servicios. Y la presencia de Javkin aportará amplitud política a un reclamo transversal, que excede al peronismo, y que encuentra eco en municipios de todo el país.
Se trata, en suma, de un eslabón más en una cadena de pronunciamientos que encuentra invariablemente a Passerini cuestionando las políticas del Gobierno Nacional, la asfixia financiera que atraviesan las jurisdicciones municipales y el aumento de la presión que estas reciben merced al repliegue de la nación en la prestación de servicios básicos.
Casi en simultáneo, Passerini suma kilómetros en su cruzada contra el gobierno de Javier Milei, al que califica como el “peor experimento” del que tenga recuerdo. Ayer, en una entrevista en Gelatina aseguró, una vez más, que “Milei no va a reelegir”, planteó la responsabilidad de construir un gran frente opositor y describió a Axel Kicillof como “un gobernador que comparte las preocupaciones de los argentinos”. También recordó que a los municipios les quitaron el plan Remediar, otro ejemplo, junto al retiro de subsidios al Transporte, del repliegue nacional.
El argumento municipal, que hoy encontrará respaldo entre los especialistas que disertarán en el Concejo, es que mientras aumentan las demandas de Salud, Seguridad, Educación y Asistencia Social, los recursos caen por la contracción económica de un plan de estabilización que no es compensado con un plan de desarrollo productivo. Por lo tanto, entienden, resulta indispensable discutir el reparto federal y las responsabilidades que sostiene cada nivel del Estado.
Ahora bien, la necesidad de financiar esas prestaciones convive hoy con una exigencia jurídica concreta. La Corte, manteniendo un criterio previo, precisó sus cuestionamientos a la amplitud de los servicios invocados para cobrar Comercio e Industria, y a la pretensión de que sea el contribuyente quien deba probar la ausencia real de contraprestación. El Ejecutivo intenta ahora reducir esa vulnerabilidad mediante una enumeración taxativa de presuntas contraprestaciones a contrarreloj.
La comisión de Economía
La subsecretaria de Ingresos Públicos, Magalí Díaz, expuso ayer esa preocupación ante los concejales. “Esta nueva redacción traerá claridad, seguridad jurídica y normalización del Código”, sostuvo. Los fundamentos del proyecto reconocen que la formulación actual del hecho imponible constituye una vulnerabilidad que requiere atención inmediata para prevenir “contingencias institucionales y económicas”.
La oposición, sin embargo, puso el foco en lo que falta demostrar. Desde la UCR, Caffaratti consultó por estudios de costos que permitan establecer una relación proporcional entre el cobro y los servicios, y advirtió sobre posibles superposiciones. Los funcionarios respondieron que ese análisis todavía está en elaboración.
Villata, del Frente Cívico, también planteó posibles superposiciones tributarias. Sukaria, del PRO, consideró insuficientes las respuestas, pidió más información y anticipó su abstención. La aprobación en comisión permite avanzar, pero deja abiertas las objeciones que acompañarán el tratamiento en el recinto.
El segundo proyecto, que dispone la desgravación de ingresos provenientes de determinados títulos y bonos vinculados al desarrollo local, busca -alega el oficialismo- reducir el costo financiero municipal y estimular la inversión y reinversión en la ciudad.
Hoy la discusión tendrá otro alcance. El horizonte del encuentro es reinstalar la necesidad de una nueva Ley-Convenio de Coparticipación, a casi treinta años del vencimiento del plazo que impuso la reforma constitucional de 1994 para sancionarla.
En cualquier caso, para Passerini más importante será la foto, que lo mostrará, una vez más, al frente de un reclamo federal por fondos contra el Gobierno Nacional.