JpC analizará en el VAR la validez del quorum

Por Alejandro Moreno 

El interbloque Juntos por el Cambio podría cuestionar por vía judicial la validez de la sesión del miércoles pasado, en la cual el oficialismo sancionó la ley de seguridad, si comprueba que el quorum para iniciarla se alcanzó de manera indebida. 

El peronismo no pudo avanzar con el sorpresivo proyecto de ajuste a los sueldos y jubilaciones estatales, cuyo anuncio, poco antes de comenzar la sesión, motivó la reacción de los legisladores de la oposición, que resolvieron no ingresar al recinto. 

Así lo reconocieron ayer fuentes aliancistas, que indicaron que abogados vinculados a Juntos por el Cambio tendrán la tarea de examinar las imágenes de la sesión, así como la transcripción de la versión taquigráfica, para llegar a una conclusión. La sospecha recae sobre el momento en que la legisladora Delia Romero juró para reemplazar a Claudia Martínez, que tomó licencia. Para los aliancistas, en ese momento no se había alcanzado el quorum en forma correcta. 

“Puede llegar a judicializarse”, evaluó el presidente del bloque de la UCR, Matías Gvozdenovich, a quien le quedaron dudas de si Romero y Martínez no fueron legisladoras al mismo tiempo, como si se hubieran sentado “en la misma banca”. Además, Gvozdenovich consideró que el ajuste a los estatales es inaceptable mientras el gobierno provincial gasta incluso en publicidades en otras provincias. Para el radical, “es parte de la campaña presidencial del gobernador Martín Llaryora”. 

La presidente del interbloque, la radical Alejandra Ferrero, destacó que “gracias al trabajo unido y serio de los legisladores de la oposición no pudieron aprobar el ajuste a los trabajadores, y la reducción encubierta de las jubilaciones”. “Vale la pena resistir”, dijo. 

El presidente del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala, declaró ayer en radio Pulxo que los peronistas “están mal acostumbrados”. “Estos veinticuatro años de ejercicio del poder venían haciendo lo que ellos querían, lo que se les ocurría, trataban la ley que querían, a los pedidos de informes los cajoneaban”, recordó. 

“Nunca la oposición pudo traer un ministro a que de explicaciones a la Legislatura, como pasa en cualquier país serio del mundo. Ahora está empardada la cosa, hay que salir a buscar los votos y convencer al resto para sacar una ley o frenarla, y esto es lo que le molesta al oficialismo”, puntualizó el juecista. 

“Ajustemos en serio, termínenlas con este despilfarro de la cantidad de ministerios, de agencias, los viajes del gabinete, la obscena publicidad que hace el gobierno afuera de la provincia”, continuó. 

A su vez, Gregorio Hernández Maqueda, el representante de la Coalición Cívica-ARI, reflexionó que “como la Constitución de Córdoba no prevé los DNU (decretos de necesidad y urgencia), Llaryora decidió recurrir al clásico método de la emboscada legislativa, pero se topó con una pared”. “Acostumbrado a gobernar en soledad, creyó que a nosotros nos iba a poder comprar o dividir”, celebró. 

La legisladora Ariela Szpanin opinó que “el peronismo cordobés está acostumbrado a atropellar las instituciones y a hacer travesuras entre gallos y medianoche”. “Fue una sesión desprolija, con legisladores-secretarios. Un bochorno. El atropello y avasallamiento no es el método, y menos en el parlamento, cuya esencia es el diálogo y la búsqueda de consensos”, agregó. 

Por otro lado, el presidente del Comité Central de la UCR, Marcos Carasso, criticó el “impuestazo para los agentes estatales, entre ellos docentes, médicos, y policías”. Dirigiéndose a Llaryora y al ex gobernador Juan Schiaretti, expresó: “No somos la provincia que quisieron vender en los medios nacionales; con ustedes empezó una película con final predecible, una Córdoba con crisis terminal”.