Fumata blanca entre el SEP y Llaryora en la previa del paro nacional

Por Felipe Osman

El Gobierno Provincial y el SEP llegaron ayer a un acuerdo trimestral para recomponer los salarios de enero, febrero y marzo. Mes a mes, la paritaria firmada por Sergio Castro queda así:

• Para enero, una recomposición del 10 por ciento sobre los conceptos remunerativos, más un monto fijo no remunerativo de 40.000 pesos para los empleados activos y de 15.000 para los jubilados.
• Para febrero, una recomposición del 50 por ciento del IPC Córdoba (índice inflacionario provincial) sobre los conceptos remunerativos, más un monto fijo no remunerativo de 40.000 pesos para los empleados activos y de 15.000 para los jubilados.
• Para marzo, una recomposición del 50 por ciento del IPC Córdoba sobre los conceptos remunerativos, más un monto fijo no remunerativo de 50.000 pesos para los empleados activos y de 15.000 para los jubilados.

Una vez finalizado el trimestre, las sumas fijas se convertirán en remunerativas. Además, se mantiene la suspensión del diferimiento en la actualización de los jubilados y se sostiene el criterio de tomar, como base de cálculo para las actualizaciones, los salarios del mes inmediato anterior, y no el mes de enero de cada año, como se hizo durante (casi toda) la gestión de Juan Schiaretti.

Al no diferenciar entre posiciones del escalafón para asignar los montos no remunerativos, el acuerdo achata la pirámide salarial, aunque desde el SEP ponderaron que las posiciones iniciales del escalafón, tomados como salarios de referencia, superarán por algunos decimales la inflación de diciembre.

Un punto central en el devenir de la negociación estuvo dado por la caída de cientos de contratos que el Ejecutivo informó en los primeros días del año. Tras el aumento de los aportes a la Caja de Jubilaciones y al Apross, los estatales se enervaron frente esa decisión del Gobierno Provincial, que utilizó las bajas como una herramienta de presión sobre el SEP.

En el comunicado oficial del sindicato se habla de 800 contratos que vuelven a vigencia. A lo largo del conflicto, nunca se especificó la cantidad de bajas, aunque el gremio llegó a hablar de 1.400. En cualquier caso, habría un compromiso para reestablecer la totalidad de los contratos dados de baja.

Además, se convino la reglamentación de la ley 7625 (Equipos de Salud) en un término no superior a los 90 días, garantizando el ascenso en el escalafón algunas categorías de auxiliares de la Salud, y se garantizó que el pase al nuevo régimen (léase, el nuevo encuadramiento legal) será voluntario, para que no afecte desfavorablemente a ningún agente.

Finalmente, hay una cláusula que ya es de estilo en los acuerdos firmados por el SEP. El gremio advierte que reclamará “igual trato” en caso de que se otorgue, a otros sindicatos del sector público provincial, recomposiciones superiores. Léase, a los docentes (UEPC), único sindicato con poder de fuego capaz de presionar por un mejor acuerdo.

Hasta el momento, y con alguna que otra excepción, el SEP siembre ha sido el sindicato que fija referencia entre los estatales, y el Centro Cívico ha avanzado primero en un acuerdo con él para hacerlo luego extensivo a los docentes y demás agentes públicos.

Queda por ver si Llaryora sostiene esta estrategia de negociación de su predecesor o sí, por el contrario, empieza a negociar distinto con la UEPC, que en base al reclamo de los auto-convocados y sectores de la oposición gremial ha empezado a plantear paritarias más confrontativas con el Centro Cívico.

En cualquier caso, el Gobierno Provincial consigue dos objetivos con el acuerdo alcanzado con el SEP. En primer lugar, descoordinar a los sindicatos públicos, que empezaron a actuar de manera bastante orgánica tras el aumento de los aportes a la Caja de Jubilaciones y el Apross sancionado en la última sesión de 2023. Lo que asomaba como un frente gremial entre el SEP y la UEPC tras el regreso de los docentes a las aulas, hoy transitará como –en principio- como un reclamo individual de estos últimos.

En segundo término, el Centro Cívico se garantiza que las centrales sindicales tengan, en la movilización de hoy, por principal destinatario al Gobierno Nacional, quedando las rispideces entre los estatales y la Provincia en un cómodo segundo plano.

La(s) CGT(s)

Representantes de las dos CGT que nuclean al gremialismo cordobés se reunieron ayer, en el Panal, con el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y el Comisario Ariel Mazza.

Se discutieron cuestiones operativas de la movilización. Las autoridades provinciales querían conocer cómo se organizaría la marcha, y los representantes gremiales aseguraron que esperaban una convocatoria ordenada. Los organizadores de la movilización y las autoridades provinciales estarán en contacto durante el desarrollo de la marcha.

En cuanto al costado político, se espera que la CGT Córdoba, donde se nuclea la mayoría de los sindicatos estatales, carguen en primer lugar contra el DNU y la Ley Ómnibus propuesta por el Gobierno Nacional, al margen de que deslice algunos reclamos contra el Centro Cívico.

La CGT Regional Córdoba, en tanto que delegación de la CGT Nacional, centrará casi exclusivamente sus cuestionamientos en las políticas impulsadas por la gestión de Javier Milei.

Al margen de la convocatoria, las 62 Organizaciones Peronistas solo adhirieron formalmente a la protesta, pero no participarán de la movilización. Completamente alineadas al Gobierno Provincial, su secretariado viene de recorrer los departamentos Punilla y Colón organizando reuniones con dirigentes gremiales y sociales para aportar a la estructura territorial del oficialismo.