Duelo Milei-Movimientos Sociales, oportunidad de las estructuras PJ

Por Felipe Osman

El análisis que la Gobierno Nacional hizo, puertas adentro, de la movilización del miércoles fue positivo. Entiende que la marcha quedó identificada con el kirchnerismo y fue liderada por actores sociales que han perdido predicamento ante la sociedad y que, en cualquier caso, jamás acompañarán al gobierno de Milei, adopte las medidas que adopte. 

Por otro lado, creen que, si bien hubo una concurrencia importante, fue menor que la esperada por la CGT, sin adhesión del ciudadano promedio, del votante independiente no organizado dentro de estructuras sindicales o colectivos puntuales. “No fue transversal”, aseguran. 

El gremialismo, por su parte, está conforme con la convocatoria. Cree que fue “bueno para empezar a mover las bases”. En cualquier caso, las cúpulas sindicales sabían que el humor social no ofrecería un acompañamiento masivo a la movilización. Si hay disgusto hacía Alberto Fernández, que formalmente preside el PJ. El partido no emitió un comunicado oficial adhiriendo a la movilización.

El análisis del Gobierno Nacional es que, si bien hay una oposición dispuesta a movilizar, no interpela al ciudadano promedio, y en ese marco está dispuesto a avanzar en su cruzada contra el sindicalismo, léase, insistir en una reforma laboral puesta en suspenso por la Justicia, y profundizar su plan de desmantelamiento de las organizaciones sociales. 

Sobre el inicio de la semana, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello anunció que daría de baja 27.000 planes Potenciar Trabajo en cuyas concesiones se habían identificado irregularidades. Tras la movilización de ayer, hay quienes juran que ese número podría ser mucho mayor.

En tiempos de contracción económica y una inflación descontrolada, para los gobernadores es una mala noticia advertir que la nación seguirá reduciendo los recursos que destina a la contención social. Sin embargo, las estructuras territoriales ven con cierto agrado que eso suceda.

Durante las últimas dos décadas las organizaciones sociales han crecido al abrigo del reparto de fondos estatales por los que presionan en las calles para aplicar, luego, a la contención social. En el medio, han montado grandes estructuras puestas al servicio de una u otra fuerza política, y también han “tercerizado” la ayuda social.

Para los gobernadores esto ofrece, en cierto punto, una solución. Hay fondos nacionales que llegan para atender necesidades sociales en sus distritos por los cuales ellos no tienen que presionar. Sin embargo, para las estructuras territoriales de cada partido el avance de las organizaciones sociales ha planteado un desafío. Una pérdida de territorio.

El enfrentamiento del Gobierno Nacional con las conducciones de los movimientos sociales, a quienes califica de CEOs de la pobreza, es visto por parte de las estructuras partidarias clásicas como una oportunidad para reconquistar el terreno “perdido” a manos de las organizaciones sociales.

Desde luego, resta por ver cómo termina concretándose el declamado plan de Javier Milei de “cortar los intermediarios” en la asistencia social. Si realmente se quita esa intermediación o si, llegado el caso, solo se sustituye a los intermediarios por otras estructuras que cosechen el rédito político.