Cómo se mueven los que pelean

La negociación de la Ley Ómnibus ha dejado en claro que el momento es delicado y que la política del todo o nada ha caído en desuso, a pesar de que los discursos vayan por otro lado. Llevamos un par de semanas con esa discusión, con un polémico dictamen con correcciones posteriores a la firma y políticos ventilando sus enojos para que lleguen a quienes tengan que llegar.

No es fácil hacer equilibrio en este país. Con la alta fragmentación política existente, todo incentivo para ir al choque se matiza con incentivos para evitarlo, así que el nivel de confrontación retórica supera ampliamente el nivel de conflicto real. Todos están con ganas de gritar, pero la capacidad de alzar la voz no se traduce necesariamente en cambios de rumbo.

El cierre de la semana tuvo como nota sobresaliente el anuncio del ministro Caputo de que se retiraba el capítulo fiscal del proyecto enviado al Congreso. Hubo celebración por parte de los opositores, interpretaciones exageradas sobre el rol del movimiento obrero organizado y algo así como un gusto a triunfo por parte de muchos.

Sin lugar a dudas esto es una derrota parcial para el oficialismo, que necesita mantener el dinero fluyendo hacia sus arcas para asegurarse de que tendrá herramientas para cumplir con lo comprometido en el acuerdo con el FMI. Por el otro, es una pequeña concesión en lo referido al proyecto de ley, que conserva buena parte de lo que hace a la reforma del Estado. Con esos cambios previstos, el problema fiscal debería ir resolviéndose sobre la marcha, a partir del impacto positivo que esperan conseguir si se sanciona esta versión reducida de la ley.

La situación trasladará, como anticipó Caputo, el problema del ajuste a las provincias. Lo que no se pueda hacer ahora y a nivel nacional se deberá hacer después a nivel provincial. No hay magia a la hora de hacer cerrar los números.

Los gobernadores quedarán en posición delicada, pasando de la fácil postura de bloquear la ley en los puntos que los afectan en su conjunto a la de enfrentarse entre ellos por los cambios específicos que sirven a intereses de unos en detrimento de los de otros. Seguramente el gobierno habrá tenido en cuenta esas cosas en el poroteo previo para ver si la ley salía.

Justo por encima de esto, el presidente Milei decidió echar al ignoto ministro de infraestructura, Guillermo Ferraro, que habría filtrado información a la prensa. Ese tipo de acciones son las que generan dudas en los que tratan de entender al gobierno.

Si se leen los portales más críticos de la gestión de Milei, lo que pasó es un error grosero del ejecutivo, que pierde a un peronista histórico de gran capacidad negociadora; se cortan puentes con la oposición y se pierde la línea directa con los periodistas. Si se lee a los más oficialistas, esto es una señal de que hay que estar con los pies en el plato, encomumnados detrás de la voluntad del líder.

Personalmente veo otra cosa. No se trata de un actor central de las negociaciones, nadie andaba pidiendo una cabeza (ni siquiera la de Caputo) y van apenas 45 días de gobierno. La decisión rompe con todos los manuales políticos que se han escrito en el país, aumentando la incertidumbre. Es casi como la amputación de la punta del meñique: no hay riesgo de vida y difícilmente se la extrañe, pero el accidente llamará la atención de todos. 

No se puede saber si esto estuvo planificado ni si hubo algo de racionalidad detrás, pero generó confusión y desorientación entre los que tratan de encontrar alguna forma de pegarle (o entrar) al gobierno. Es como una negociación cualquiera: no es lo mismo si hablamos con un cuerdo que si lo hacemos con un loco, a pesar de que esas actitudes pueden no estar reflejando lo que pasa por detrás.

Ese tipo de cuestiones agregan ruido a las negociaciones que están en marcha, porque nadie puede saber a ciencia cierta si sus interlocutores tienen poder puertas adentro o si corren el riesgo de ser eyectados como Ferraro, especialmente ahora que la ley obtendría media sanción y seguiría su camino en el Senado.

Los gobernadores amenazan con presionar con las bancas que les responden, a pesar que esos números son inferiores a los que se necesitan para aprobar leyes. De allí que las supuestas amenazas para convertir en coparticipables el impuesto PAIS o el impuesto al cheque parecen más una fantasía periodística que un peligro real: ¿qué conjunto de gobernadores se quedaría sin echarle mano a esos recursos, de existir la posibilidad de hacerlo?.

Más allá de eso, ahora llega la etapa de otras negociaciones que pueden seguir demorando la aprobación de la ley. Aunque hasta ahora parece más fácil la negociación en la cámara alta, tampoco hay nada seguro, porque hay otras cosas en juego (como el nuevo proyecto de impuesto a las ganancias) que servirán como moneda de cambio entre fuerzas políticas.

Hay diversas conjeturas sobre cómo seguirán las cosas y de qué manera afectarán la estabilidad del gobierno. A pesar de lo que digan encuestas, sondeos, opinólogos, analistas y periodistas varios, la complejidad de la situación, la falta de inercia y cultura política de varios de los actores y las necesidades concretas de todos los que intervienen en ese espacio de poder político altamente fragmentado ponen un velo de incertidumbre sobre el posible devenir de las cosas. Nadie puede más que seguir así, tratando de identificar, entre la polvareda, cómo se están moviendo los que pelean.