Peronistas de Colón salen a respaldar a Llaryora tras visita del G6 a Bullrich

Por Bettina Marengo

Casi al mismo tiempo que el grupo de intendentes de Colón de Juntos por el Cambio, nucleados en el llamado G6, se sacara la foto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el peronismo del departamento, segundo en importancia electoral luego de Capital, y siempre un territorio de complejidad política, se reunió para expresar su apoyo al gobernador Martin Llaryora en sus reclamos a la Nación.

Los que organizaron la movida peronista (hubo también vecinalistas) fueron el secretario de Coordinación de Infraestructura de la Provincia y ex intendente de Colonia Caroya, Gustavo Brandán, los legisladores de la zona, Luciana Presas, Dolores Romero y Rodrigo Rufeil, junto a algunos de los intendentes y jefes comunales de la zona. Estuvieron Miguel Aguirre (Agua de Oro), Jose Garzon (El Manzano), Natalia Di Pace (Villa Cerro Azul), David Strasorier (Salsipuedes), Guillermo Valli (Unquillo), Carolina Cristori (Saldan), Paola Nanini (Colonia Caroya), Juan Panichelli (Colonia Tirolesa), Miguel Reschia (Estación Juarez Celman), Gaston Mazzalay (Malvinas Argentinas), Claudia Acosta (Mi Granja), Dario Arata (Estación General Paz), Dalma Bustos (Tinoco), que juran que el Panal, a diferencia de las muchas visitas de funcionarios de primera línea al interior provincial, no organizó ni pidió la juntada. Por lo demás, y aunque la cita casi coincidió con la mencionada arriba del G6, asegurara los intendentes que no fue una reacción política y que las relaciones son “muy buenas” con casi todos.

Es un hecho que la mayoría de los miembros del sexteto conformado por Fernando Rambaldi (La Calera), Adela Arning (Mendiolaza), Federico Zárate (Jesús María), Pablo Cornet (Villa Allende), Ezequiel Lemos (Río Ceballos) y Miguel Pittaro (La Granja), casi todas localidades grandes de Colón, está en camino de adherir o ya adhirió a la ley de Seguridad Urbana que impulsó Llaryora en la Legislatura y Juan Pablo Quinteros y el propio sanfrancisqueño vienen militando en todo el interior provincial en tren de sumar a municipios y comunas. Arning, por caso, habilitó las sesiones extraordinarias del Concejo para avanzar y en el Panal creen que cuando inicie el periodo ordinario en los concejos deliberantes del interior, será aluvional la adscripción de los gobiernos locales a la ley madre de Seguridad. Bullrich banca y bancó la ley y se los hizo saber a los cordobeses, que más allá de toda buena onda, fueron a pedir por la presencia de la Gendarmería en sus localidades.

El G6 logró una cierta visibilidad con sus movimientos “autónomos” tanto respecto al Panal, donde no desentonan en la construcción del “partido cordobés” que propone el gobernador, como del intendente capitalino Daniel Passerini, con el cual tienen vínculos en el marco del Ente Metropolitano, como fundamentalmente en relación a padrinazgos locales dentro del espacio político de Juntos. No es un dato menor que la intendenta de Mendiolaza se haya fotografiado con Mauricio Macri.

El encuentro de los oficialistas se hizo en Mi Granja y en todo caso buscó mostrar que más allá de la buena onda del partido cordobés, el núcleo duro de Llaryora está en otro lado, y que el oficialismo también tiene la fortaleza del municipalismo. “Quisimos explicitar nuestro apoyo a Martin”, explican los actores, en un momento donde el mandatario está esquivando los bollos de Javier Milei y procesando el impacto del recorte en las provincias, además de recibir sablazos de la oposición local. Lo que plantearon los funcionarios e intendentes fue el apoyo a la posición del jefe del Panal en “defensa de los intereses de Córdoba” y de sus recursos ante el presidente de la Nación, en el marco de la tensión post fracaso de la ley “ómnibus” del Ejecutivo Nacional. La primera preocupación que marcaron fue por la decisión de la Nación de eliminar el Fondo del Transporte, que afecta a los municipios con transporte urbano, pero básicamente al costo del servicio interurbano. También expresaron su rechazo a la eliminación del Fondo de Incentivo Docente y otros programas de Educación, y solicitaron al gobierno nacional que “genere un ámbito de discusión de las políticas públicas, en un marco de respeto y tolerancia, sin agravios ni insultos”, en el marco de un “reclamo federal”.