Federalismo de baja intensidad
La provincialización apresurada de los territorios nacionales tiene consecuencias políticas que siguen impactando todavía hoy
Por Javier Boher
Algunas veces viene bien alejarse un poco de la agenda para ponerse a reflexionar sobre temas más estructurales. Para eso ayuda tomar distancia de lo que se dice o se hace en un momento determinado, para poder ver qué es lo que está realmente detrás de ello. Ese es el caso del federalismo y las autonomías provinciales.
Mucho se habla de ese tema en este momento de tensión entre el gobierno central y las entidades subnacionales. Faltan recursos -porque sobra dependencia de las partidas nacionales- lo que genera un problema de muy difícil resolución. Cada uno puede establecer al respecto las hipótesis que mejor le parezcan. Personalmente creo que el problema tiene que ver con la dinámica histórica de la conformación de las provincias.
Al momento de la independencia el país no era más que un par de ciudades desperdigadas por el territorio, con un control más o menos laxo del mismo y con límites no del todo claros, que se fueron resolviendo con el paso de los años. Pese a eso, el deseo de autonomía y la lucha por el federalismo estaba bastante marcada, porque las distancias hasta el escritorio de un funcionario capitalino eran demasiado grandes. Había que tener autonomías provinciales para poder controlar esos vastos espacios que ya estaban integrados a la dinámica política del país.
Pasado ese tiempo de unitarios y federales, con la convicción de que Argentina debía ser una única entidad política, llegó el momento de expandir las fronteras reales e incorporar en los hechos regiones que hasta entonces sólo eran argentinas en el papel. El general Roca fue fundamental, primero como militar y luego como presidente, consiguiendo la sanción de la Ley de Territorios Nacionales. Todos esos raquíticos espacios se debían incorporar a la Argentina, pero no podían hacerlo en pie de igualdad con las entidades políticas preexistentes. Así convivían el federalismo de las provincias con el unitarismo de los territorios; nueve en total, que representaban una superficie mayor que la de las provincias.
La expansión de las comunicaciones, la burocracia estatal y la educación convirtió en argentinos a esos espacios y a sus poblaciones. Durante mucho tiempo vivieron limitados en sus derechos políticos, tal vez la única parte cuestionable de la ley. Pese a limitar la representación en los cuerpos legislativos del estado nacional, contemplaba una manera muy orgánica de representación política municipal y provincial, construyendo progresivamente el orden cívico necesario para gobernar una provincia autónoma.
El peronismo originario convirtió a los territorios nacionales en provincias siguiendo cálculos políticos, generando varios problemas por ello. Por ejemplo, se respetaron las divisiones administrativas existentes, a pesar de que no se ajustaban a la distribución de la población en el territorio. Así, se dispersó el poder dentro de las provincias, en lugar de centralizarlo. Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia están más cerca entre sí que de Río Gallegos o Rawson, un despropósito.
Además, aunque algunos de esos espacios tenían la cantidad de habitantes fijados en la ley de 1884, poco parecía representar el espíritu de la misma, que había fijado un número cercano al 1,5% de la población registrada en el censo anterior. Siguiendo ese número, apenas dos territorios se podrían haber convertido en provincia en 1947.
La consecuencia de provincializar esos espacios de poco desarrollo económico y político, con poca cohesión social y dependientes en extremo de la nación, fue la consolidación de un federalismo de baja intensidad, con poca autonomía real y altas dosis de corrupción. La década del '90 y el traspaso de salud y educación a las provincias demostró que esos lugares no estaban (e incluso no están) en condiciones de gobernarse a ellos mismos. Ahora hay que resolver el problema.
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