Por Javier Boher
Ayer el Gobierno siguió en su dinámica habitual de llevar la discusión para donde quiere anunciando que cerraría el Inadi, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Todavía no está muy claro de qué manera lo hará, porque la nueva interventora fue nombrada en el cargo recién hace dos días y porque hace falta una ley para eliminarlo definitivamente.
Más allá del caso puntual, el vocero presidencial aseguró que están trabajando para cerrar muchos otros organismos similares, que hacen crecer el tamaño del Estado sin traer beneficios claros a la sociedad. Dijo, además, que cada caso es diferente y que va a haber que prestar atención a las cuestiones legales o burocráticas.
El Inadi es un ejemplo de la densa trama de organismos que se entremezclan en el Estado, en esa madeja indescifrable de partidas presupuestarias, impuestos y botines políticos. El caso, además, nos lleva a reflexionar sobre las funciones y alcances del Estado, pero también sobre la eficiencia y la moralidad.
En las discusiones que el tema despertó en Twitter, hubo alguien que defendió al organismo por ser algo moralmente bueno, a pesar de una afirmación absolutamente errada.
La moral es apenas un compendio de costumbres respecto a lo bueno y malo, pero no implica una cuestión inmutable, sino siempre sujeta a la revisión por parte de la ética (el juicio sobre lo que está bien o mal, más allá de la moral vigente). Así, definir que una institución es moralmente buena es meterse en un terreno complejo.
Para tal aseveración hay que definir un conjunto de valores, una idea de lo bueno, bello o deseable para la sociedad. Si creemos que la discriminación, el racismo y la xenofobia son cosas malas, una institución destinada a combatirlas sería buena. Hasta ahí llega el razonamiento de quienes consideran que el Estado no tiene restricciones para definir funciones.
La segunda parte es ver de qué manera se puede financiar y si es algo moralmente justo en un contexto de alta pobreza. Ahí la cosa cambia un poco, porque la consecuencia de una economía endeble y de un Estado quebrado repercute de manera directa en las posibilidades de desarrollo de buena parte de la población. Si partimos de la premisa de que la educación pública universal, igual y de calidad es un valor positivo, resultaría lógico si en un contexto de vacas flacas se decidiera financiar eso antes que el Inadi. Si convocamos a una cena familiar y unos a duras penas pueden pagar la comida, sería ridículo hacerlos pagar también un servicio de cátering para que nadie de la familia tenga que servir a otro. Es un lindo objetivo, pero sería muy injusto en la práctica.
Ese enfoque tiene, además, otro problema, porque la moral política es distinta a la moral a secas: el realismo político dejó en claro que las razones del ejercicio del poder no tienen que ver con lo que sería bueno o malo para las personas, por eso el Estado puede hacer cosas que los ciudadanos no.
Es por eso que el kirchnerismo cooptó estos institutos, organizaciones de DDHH y otras entidades de la sociedad civil; no porque fuese algo moralmente bueno, sino porque era necesario para acumular poder e imponer un orden político. Como la función última de estos organismos era hacer política, aquellas bonitas cosas plasmadas en los fundamentos para su creación fueron puestas en discusión por cuestiones políticas.
Está mal decir que a los que hoy quieren cerrar esos organismos esos temas les importan menos que a los anteriores, porque éstos deberían haber administrado con eficiencia para implementar eficazmente políticas públicas y justificar en los hechos su existencia. Fallar en esa parte -para concentrarse en hacer política- expuso a esos organismos al cierre definitivo. De nada sirve llorar ahora.
