El DNU desnuda necesidades urgentes

Por Javier Boher
rjboher@gmail.com

Ayer el Senado decidió tratar el decreto de necesidad y urgencia con el que el presidente Milei empezó su intento de refundar Argentina desde las normas escritas. Con la ambición de los locos, el desconocimiento político de los outsiders y la ingenuidad de los novatos, aceleró contra un muro de cuatro décadas de tradiciones y pactos muy bien aceitados, convencido de que lo iba a atravesar. Nada pasó todavía.
Mientras escribo estas líneas la sesión sigue en marcha, habiendo superado el primer intento por aplazarla. Atrás quedaron las discusiones por la interna entre Villarruel y Milei, que propiciaron todo tipo de interpretaciones sobre las intenciones de ambos. Está claro que la vice quiere ser presidenta, pero tratar de asumir por acefalía no sería una decisión inteligente.
El gobierno libertario estaría a las puertas de una nueva derrota, tal como ocurrió con la Ley Ómnibus, aunque ahora la cosa se dilataría un poco más: un rechazo por el Senado sería la mitad del trabajo, porque Diputados debería hacer lo mismo para voltear el decreto. Sin embargo, como todo en la política, quizás esto podría servirle al oficialismo para definir una nueva estrategia con la cual encarar la tarea que se propuso desde el primer día.
Tras la votación el ejecutivo tendrá números claros sobre qué partidos y qué provincias se opusieron al DNU. Leyendo los argumentos de cada legislador podrían saber también sobre qué elementos fundamentaron sus decisiones, a los fines de trazar un mapa sobre intereses declamados y necesidades concretas para cada uno de ellos. En este contexto de vacas flacas todos están con urgencia de fondos para sostener el funcionamiento de las estructuras provinciales.
Con ese panorama, el ejecutivo podría insistir mandando el mega decreto dividido en 30, 50, 100 o más decretos, que harían fácticamente imposible voltearlos a todos. Esto, a su vez, dificultaría la coordinación de intereses entre legisladores, porque todos tienen razones para oponerse a algo de una lista de más de 300 artículos, pero es más difícil encontrar argumentos para objetar cada uno de los mismos.
Los DNU son una herramienta constitucional de la que dispone el ejecutivo. Siempre fueron polémicos y contrarios a la idea misma de la división de poderes, pero también han sido usados por todos los presidentes, con infames antecedentes como la confiscación de ahorros de Duhalde o la cuarentena de Alberto Fernández. Nunca produjeron tanto escozor en los legisladores como ahora, que les urge rechazarlo para marcarle la cancha al gobierno.
Todos los actores involucrados en este proceso están necesitados de un baño de legitimidad popular, la que hoy está indudablemente asociada al presidente por sobre cualquier otra figura de la política. Muchos buscan protagonismo con urgencia, tratando de picar en punta para liderar la oposición, aunque ese espacio seguramente quedará reservado para el kirchnerismo o para algún ex funcionario que hoy preside otro partido.
El DNU logró, por sobre todas las cosas, exponer las mezquindades de la clase política. Existen pactos, acuerdos, costumbres o tradiciones que dificultan el cambio político y económico que el año pasado demandó la sociedad en dos de tres elecciones nacionales. Esto no pasa por amor a las instituciones o por un convencimiento ideológico sobre el rol del Estado, sino por la profusa trama de beneficios económicos que se deriva de la existencia del modelo actual. 
Hoy las necesidades y urgencias de la gente parecen ir a contramano de las de los representantes, a los que nunca les va tan mal como a los representados. Cuando la crisis de representación se profundice y vuelvan a ganar los de afuera, quizás ahí se empiecen a dar cuenta de que hay que canalizar institucionalmente las broncas, no darles la espalda. Si insisten en ir por ese camino, cada vez van a ser menos importantes en la consideración de los desahuciados.