Por Felipe Osman

La accidentada sesión preparatoria del Concejo Deliberante de La Calera, que hace dos meses puso al Legislativo Municipal en un limbo en el que aún permanece, sigue trayendo novedades para la política calerense. Y esta vez llegan desde la Justicia.

El Ministerio Público Fiscal emitió dictamen en el expediente que transita en la Justicia Provincial por la controvertida sesión en la que el oficialismo abrió el debate sobre la “ratificación o rectificación” de autoridades del cuerpo para luego levantarla abruptamente al percatarse de que se encontraba en minoría, ya que la mestrista Analía Marcos no votaría con el bloque oficialista.

Junto a Marcos, los concejales del peronismo se mantuvieron en sus bancas y, entendiendo que tenían quórum propio (eran cinco concejales sobre un total de nueve), avanzaron con la designación de la concejal radical como nueva presidenta del Concejo. Desde entonces, el Legislativo se encuentra paralizado. El oficialismo dice mantener la Presidencia del cuerpo, pero no tiene quórum. Y la oposición entiende que la nueva presidenta del Concejo es Marcos, y que el oficialismo bloquea el funcionamiento del cuerpo. Conclusión: tribunales.

Los concejales opositores hicieron una presentación ante el Tribunal Superior de Justicia, pidiéndole tomar cartas en el asunto, en función de lo establecido por la Constitución Provincial para el supuesto de conflictos internos de las municipalidades (Art. 165 inc. “c”). Y en el marco de ese expediente, el Ministerio Público Fiscal emitió un dictamen que, en principio, respaldaría el reclamo de la oposición.

En el escrito, que lleva la firma del fiscal adjunto Pablo Alfredo Bustos Fierro, se sugiere al tribunal avocarse al tratamiento del caso por confluir las dos condiciones que justifican que el TSJ tome cartas en el asunto sin que esto constituya un menoscabo a la autonomía municipal: “un conflicto institucional grave que altera el normal funcionamiento de las instituciones democráticas municipales y la inexistencia de una vía legalmente prevista para lograr la solución que se pretende obtener mediante la intervención del órgano judicial”.

Además, el dictamen -que adelantemos, no tiene un valor vinculante, aunque sí constituye un antecedente de peso-, sugiere avanzar en el dictado de una medida cautelar de “no innovar” y repetir la sesión del 23 de febrero, que ahora debería realizarse en presencia de un veedor la Justicia para evitar malos entendidos.

Casi en simultáneo a este dictamen, que lleva fecha del 23 de febrero, el oficialismo echó mano a al dispositivo que prevé la Ley Orgánica Municipal en su artículo 141 y, ante las reiteradas ausencias de Analía Marcos y los concejales de la oposición, convocó a sus suplentes. Desde luego, sólo la suplente de la radical acudió al llamado, y el oficialismo dio así por reactivado al Concejo. Aunque, en rigor, todo está supeditado a lo que defina el TJS, que en la próxima semana debe convocar a los ediles del oficialismo para escuchar su versión de los hechos antes de emitir alguna resolución.

Desde el oficialismo opondrán algunos repartos. En primer lugar, entienden que -previo al dictamen del Ministerio Publico que determinó la admisibilidad del planteo opositor- la Justicia debió haberlos convocado. Y destacan que del libro de actas que permanece en su poder se desprende que Sofía Fernández Montero fue electa para presidir el cuerpo no sólo durante las sesiones extraordinarias, sino también para el período ordinario 2024.

Cabe, finalmente, hacer algunas consideraciones políticas del asunto. 

El oficialismo no sólo necesita que el peronismo se reordene en La Calera, sino en todo el departamento, que después de Capital tiene el padrón más grande de la provincia. Tal reordenamiento es importante para recuperar el control de municipios que el PJ perdió en las últimas elecciones, pero también contrapesar a Rambaldi, que apalancado sobre el G6 podría tener chances de proyectarse como un dirigente que exceda los límites de La Calera. Finalmente, encapsularlo en su ciudad tiene un beneficio adicional. El Reclamo que el intendente lidera contra el peaje es un problema para la Provincia, que preferiría evitar que reclamos similares se propaguen a otras localidades del Gran Córdoba.