Avance legislativo de JpC para el traspaso policial

Los bloques de legisladores Juntos UCR y PRO cumplieron ayer el deseo de Rodrigo de Loredo y presentaron un proyecto de ley para que la Provincia pase a la Municipalidad de Córdoba los agentes y los recursos policiales. 

La propuesta del traspaso policial de la Capital ha sido la que más ruido generó en la campaña por la Intendencia, y la lanzó la semana pasada De Loredo. El gobernador electo Martín Llaryora fue el encargado de responder con mayor estruendo desde el peronismo, y la calificó de “huevada atómica”. El radical sostiene que el oficialismo provincial ha fracasado en ofrecer seguridad a los vecinos de la ciudad de Córdoba, y que la policía de cercanía es el nuevo paradigma en la materia. 

Cuando el peronismo buscó recuperar la iniciativa a fuerza de denuncias sobre situaciones incómodas de dos candidatos a concejales de Juntos por el Cambio, que tienen parientes vinculados en causa de narcotráfico, De Loredo vuelve a mover impulsando a los actuales legisladores de la UCR a presentar el proyecto que busca materializar su objetivo. 

Naturalmente, puede anticiparse que el proyecto naufragará frente a la mayoría del oficialismo. 

Los aliancistas proponen el traspaso de los 10.600 agentes que prestan servicio en la ciudad de Córdoba, los 1.354 vehículos, las 43 comisarías y las 6 subcomisarías. 

En los fundamentos del proyecto, los legisladores de la oposición señalan que “la realidad da cuenta acabadamente que el Gobierno de la Provincia ha fracasado estrepitosamente en la gestión de la seguridad”, y detallan como las causas de ello la “desprofesionalización de la fuerza, carencia de liderazgo, falta de inversión, poca incorporación tecnológica, poco control”. 

“La ciudad de Córdoba sufre una pandemia de robos casi sin precedentes. La naturalización del delito alteró todas las prácticas cotidianas de los vecinos”, agregan. Además, recalcan que “en el mundo entero se impone el paradigma de la policía de cercanía, la inmediatez en el control de la fuerza es una tendencia irreversible”. 

Una de las cuestiones sobre la que gira esta polémica es la constitucionalidad del traspaso. Al respecto, en los fundamentos del proyecto los legisladores de la UCR y del PRO expresan que el artículo 104 de la Constitución dispone que el Poder Legislativo el que dicta la ley orgánica de la Policía de la Provincia, y que habilita a dictar leyes especiales para delegar competencias a los municipios”. 

“En este contexto normativo, la delegación que se dispone es plenamente procedente”, afirman”. 

Además, citan a la constitucionalista María Angélica Gelli, quien escribió: “La línea divisoria entre el poder de policía local y el federal es muy delgada. De todos modos, una regla aceptada sostiene que el poder de policía es concurrente; que las provincias pueden delegarlo en las municipalidades y que aquél no puede emplearse para aumentar los poderes delegados en la Constitución al poder federal ni los reservados por los poderes locales”. 

Orgaz 

Por su lado, el candidato a intendente de Encuentro Vecinal Córdoba, César Orgaz, advirtió que “no avalaremos que los miembros de las nuevas fuerzas de seguridad sean futuros empleados municipales afiliados al Suoem, ya que admitirse ello sería someterse a la posibilidad de que un servicio tan sensible se encuentre sujeto a la realización de paros o asambleas que lo afecten”. 

“Los cordobeses ya sufrimos demasiado en ocasión de la protesta policial de diciembre de 2013, más allá de sus justas reivindicaciones”, recordó. 

“Otro tema clave a abordar por la nueva gestión municipal será decidir quién capacitará a los nuevos agentes que se pretende traerse a la ciudad de Córdoba. Proponemos, para reducir el tiempo de capacitación, que aquellos efectivos retirados que cuenten con excelente legajo vuelvan a prestar servicios sin perder los beneficios del retiro”, indicó. 

“Por último –dijo-, creemos que Córdoba no va a solucionar la inseguridad sino atacamos el negocio narco disminuyendo la demanda con planes de prevención, especialmente entre los jóvenes. La policía antidrogas tiene apenas algo más de cuatrocientos agentes y el narco avanza en los barrios ante la pasividad escandalosa de los gobernantes de turno”.