Fabricaciones Militares: entre la incertidumbre y la captación de inversiones extranjeras

Por María Florencia Coria 

En un contexto marcado por la intención del gobierno de Javier Milei de privatizar empresas estatales, la Fábrica de Pólvoras de Villa María ha captado la atención de capitales extranjeros, generando un intenso debate sobre el futuro de la planta y la soberanía nacional.

El proyecto original de la Ley Bases, que no fue aprobado por Diputados, proponía la privatización total o parcial de 41 empresas públicas. Sin embargo, tras varias modificaciones y un arduo debate, la versión final de la ley, publicada en el Boletín Oficial, reduce ese número a solo 4 empresas sujetas a privatización, mientras que otras 4 podrían ser concesionadas.

Aunque Fabricaciones Militares no se encuentra en la lista final de empresas a privatizar, la planta de Villa María no ha quedado exenta de los efectos de las políticas de ajuste implementadas por la actual administración.

Desde el inicio del gobierno libertario, la empresa ha implementado un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas en todas sus dependencias, lo que ha generado preocupación entre los trabajadores nucleados en ATE, quienes temen que estas medidas sean el preludio de una mayor reducción de la planta y una pérdida significativa de soberanía en sectores clave de la defensa nacional.

En este escenario de reestructuración, la planta de Villa María ha recibido múltiples visitas de posibles inversores extranjeros. Particularmente, el conglomerado checo Czechoslovak Group (CSG), un gigante de la industria de defensa con presencia en sectores estratégicos como el aeroespacial, automotriz y ferroviario, ha mostrado un fuerte interés en la fabricación de pólvora que se realiza en la fábrica villamariense, reconociendo su potencial dentro del mercado internacional.

CSG parece ser el principal candidato para establecer vínculos con la Fábrica de Pólvoras, aunque no se descarta la llegada de otros inversores interesados. Fuentes cercanas al proceso señalaron que, aunque se especuló con la participación de capitales estadounidenses o estados miembros de la OTAN, es el grupo checo quien ha liderado las conversaciones hasta el momento.

Mientras tanto, el personal de la fábrica y la comunidad local observan con inquietud y atención las repercusiones de estas posibles alianzas. La preocupación principal radica en que cualquier acuerdo que involucre capital extranjero podría alterar la dinámica de la empresa y, potencialmente, afectar la soberanía en un sector estratégico como el de la defensa.

Sociedad anónima

La preocupación de los trabajadores ha aumentado en las últimas horas, tras una reunión entre directivos y empleados presidida por el presidente de Fabricaciones Militares, Hugo A. Pascarelli. En el encuentro, se informó que la única salida viable para la planta es la llegada de un inversor que aporte capital, ya que el Estado no tiene intenciones de invertir en la fábrica. Esta situación ha generado una profunda intranquilidad entre los 280 trabajadores de la planta de Villa María, una de las más grandes de la empresa, quienes ven su futuro laboral cada vez más incierto.

Se espera que la fábrica, actualmente bajo la forma de sociedad del estado, pase a ser una sociedad anónima entre finales de septiembre y principios de octubre de este año. Este cambio se ha retrasado debido a la espera del balance financiero, un paso esencial para avanzar en la transformación. En principio, la totalidad de las acciones de la nueva sociedad anónima estarán en manos del Ministerio de Defensa, hasta que ingresen los inversores privados, cuya participación aún no está clara en términos de nivel o porcentaje de acciones.

En cuanto a una posible reestructuración interna, las fuentes indican que, por el momento, no habría más recortes, ya que el plan de retiros voluntarios habría dejado la fábrica en una situación estable. Sin embargo, si fuera necesario un ajuste adicional, no se descarta la implementación de un "plan B", que podría incluir una nueva reducción de personal. Se espera que los inversores privados ingresen antes de que finalice 2024, con el objetivo de evitar despidos adicionales.