Tres para firmar: viene la CSJ y llaryoristas lamentan golpe a imagen de la Justicia

Por Bettina Marengo

En el Panal recibieron con silencio y cautela la denuncia por supuesto prevaricato contra tres miembros del Tribunal Superior de Justicia, incluido el presidente Luis Angulo, presentada por Luis Tomás González, un productor agropecuario de Rosario que acusó a la sala Civil del alto cuerpo de haber cambiado su propia jurisprudencia para favorecer a una familia de raigambre política de Córdoba. Concretamente, a la concejala capitalina y vicepresidenta del Colegio de Abogados, la mestrista Verónica Garade Panetta, y su hermano Francisco, ambos hijos de la fallecida abogada Teresa Panetta, titulares de uno de los estudios jurídicos más conocidos de Córdoba.

La acusación contra los jueces del TSJ, inédita en los últimos años en esas esferas judiciales de la Provincia, data del 11 de agosto pasado pero fue publicada este domingo por el periodista Juan Manuel González en el diario La Voz. El fallo donde la sala Civil cambia “una interpretación consolidada de cien  años”, según un conocido letrado no cordobesista, es de febrero de 2023. En ese momento, informó la novedad la revista Sur, del periodista Hernán Vaca Narvaja.

Además de Angulo, ex ministro de Juan Schiaretti, los apuntados son los vocales Domingo Sesin y María Cáceres de Bollati. Dos nombres con prosapia en Córdoba: el primero sonó en oportunidades para la Corte Suprema de Justicia de la Nación (desde Cristina a Macri lo mencionaron como candidato) y la segunda es la presidenta del Consejo de la Magistratura de Córdoba. 

En cualquier caso, la denuncia del productor González -que le quiere cobrar una deuda abultada a una empresa de Garade de Panetta y se topó con la extinción del reclamo), no hace más que profundizar la interna del TSJ, donde reluce la tensión entre Angulo y el vocal Sebastián López Peña, por caso, con sus alineados y no alineados. El segundo de los jueces tiene relación de parentesco con los Panetta vía su ex esposa y sus hijos, y aunque integra la Sala Civil, no firmó el fallo. Hay que recordar que Lopez Peña estaba en la casa de la fenecida Panetta junto a otros VIP cuando se produjo el recordado asalto de barrio Cofico en 2016. Dato: uno de los investigadores fue el hoy detenido ex subjefe de Policía, Alejandro Mercado. La causa quedó en la nada. 

Sí firmó el fallo Angulo, que no integra la Sala. Según el letrado no oficialista mencionado antes, el presidente del TSJ “se come la denuncia de arriba” y el que está en el centro del novedoso fallo es Sesín. Todo lo cual lleva a decir crípticamente al círculo chico de Llaryora que detrás de todo hay “una interna palaciega” porque “nadie denuncia a un magistrado del TSJ no sin antes hablar con otros magistrados”. Chan.

Lo cierto es que para el llaryorismo, la denuncia contra los miembros del alto cuerpo de Justicia atenta contra la “bien ganada fama” de la Justicia cordobesa de ser “una de las más prolijas y profesionales” del país y, casi por extensión, contra el modelo cordobesista. Y es especialmente incómoda en este momento, cuando se espera para el miércoles y jueves a tres de los cuatro miembros de la Corte Suprema, que vendrán a “la docta” en el marco de una recorrida federal por los 30 años de la reforma constitucional de 1994. 

La visita tiene varias postas (UNC, Colegio de Abogados) y posiblemente finalice con una cena con el gobernador Martín Llaryora. 

Divididos, viajarán el presidente Horacio Rosatti, y los vocales Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, la triada enfrentada a Ricardo Lorenzetti (que no vendrá), que el presidente Javier Milei pretende desarticular con la designación de Ariel Lijo y de Gabriel García Mansilla, con trámite por ahora en pausa. 

Cerca de Llaryora aseguran que el mandatario tiene “buena relación” con todos los jueces, pero que lógicamente Maqueda, el cordobés que llegó a la Corte tras un acuerdo De la Sota-Duhalde, es el más cercano. Maqueda, sin embargo, se jubila en diciembre al cumplir 75 años, lo que le dejará una de las vacantes a Milei. Fuentes conocedoras de la rosca judicial nacional sostienen que el “Pato” fue prácticamente conminado por el oficialismo nacional al retiro por edad, sin pedir extensión de cargo, so advertencia de “carpetazos inmobiliarios”. Lo cierto es que el jefe del Panal quiere que la Corte apure la resolución de causas presentadas por el Gobierno de Córdoba contra la Nación por las deudas de Anses a la Caja de Jubilaciones. Un reclamo que está presente en todos los off de la mesa chica del sanfrancisqueño, donde incluyen a la Región Centro en una demanda grupal por los fondos previsionales, y que podría estar presente en las charlas que el gobernador con los supremos, esta semana, con o sin cena.