Reclamo universitario: para el 2025 tampoco alcanzan los recursos

La marcha universitaria que se prevé nuevamente masiva no alcanzará para disuadir al presidente Javier Milei del veto a la ley aprobada en el Congreso. Incluso el vocero presidencial, Manuel Adorni, renovó las críticas a las universidades nacionales. Entre otras cosas, cuestionó que hay un 38,4% de alumnos inscriptos que no se sabe qué hacen en la facultad, dijo que hay programas de estudios que no se actualizan hace tres décadas y puntualizó: “No es justo que una familia que se encuentra bajo la línea de la pobreza subsidie a quienes van a hacer política a la universidad”.

“El Gobierno no está en contra del reclamo, estamos en contra de que el Congreso sancione leyes sin partida presupuestaria, leyes que no puedan financiarse”, planteó Adorni e instó a los legisladores que voten a favor de la iniciativa a que fundamenten “de dónde sacan el dinero para ejecutar el aumento que proponen”. Enumeró que el ministerio de Capital Humano “hizo todos los esfuerzos para mejorar los salarios de los docentes y no docentes; se ofreció un incremento salarial del 6,8% por encima de la inflación y se ancló el salario de los docentes con la administración pública para que cobren en tiempo y forma”.

Los rectores universitarios, incluido John Boretto de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), ratificaron que los ingresos perdieron 50% respecto al año pasado y también aclararon que el salario de $1,4 millones que apuntó Capital Humano lo reciben quienes tienen dedicación exclusiva, que son una minoría.

En paralelo al anuncio del veto de hace unas semanas, ingresó al Congreso el proyecto de presupuesto 2025 que asigna a las universidades 3,8 billones de pesos en sus conjunto, esto es, incluyendo las 62 universidades nacionales y sus gastos de funcionamiento, salarios, los programas de investigadores universitarios, los hospitales universitarios, los programas de doctorados, los de extensión universitaria, los colegios pre universitarios y las carreras técnicas, entre otros. Es la mitad de lo estimado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) como necesario.

Desde el CIN agregaron que esto se da en un escenario en el que el 70% de los trabajadores de la educación superior reciben sueldos por debajo de la línea de pobreza y miles no recibieron ningún aumento desde principio de año.  Insiste en la necesidad de que la inversión en educación superior sea del 1% del PBI, lo que representa 7,2 billones en los que se incluyen los gastos de funcionamiento, hospitales, correcciones salariales, entre otros. Los cálculos, explicaron, están hechos en base a los números incluidos en la Ley de Financiamiento Universitario, que incluye la corrección salarial hacia fin de año para los trabajadores por inflación.

El presupuesto en ejecución es la prórroga del de 2023, año que cerró con una inflación del 211,4%. En ese contexto, el oficialismo recortó en un 30% las transferencias a universidades nacionales entre diciembre y agosto de 2024 contra el mismo período del año anterior y descontando la inflación, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Sin embargo, este recorte explicó el 1,1% del achicamiento del gasto.

El mayor recorte se dio en salarios de personal docente y autoridades (-30,4%), salarios de personal no docente (-26,7%), asistencia financiera para el funcionamiento universitario (-23,1%) y para hospitales universitarios (-19,3%). Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) los gastos para universidades para 2025 reflejan un aumento del 0,8% real sobre el estimado en el que cerrará el año vigente.

Para el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, el presupuesto para la educación superior para 2025 es un 34,4% inferior al de 2023 e incluso está por debajo del de 2024 en términos reales. En el caso del salario docente y no decente, la contracción sería del 37,2% contra 2023.