En el proyecto de presupuesto se asignan 3,8 billones de pesos para las 62 universidades nacionales, la mitad de lo que estima como necesario el Consejo Interuniversitario Argentino
Universidad02 de octubre de 2024
Redacción Alfil
La marcha universitaria que se prevé nuevamente masiva no alcanzará para disuadir al presidente Javier Milei del veto a la ley aprobada en el Congreso. Incluso el vocero presidencial, Manuel Adorni, renovó las críticas a las universidades nacionales. Entre otras cosas, cuestionó que hay un 38,4% de alumnos inscriptos que no se sabe qué hacen en la facultad, dijo que hay programas de estudios que no se actualizan hace tres décadas y puntualizó: “No es justo que una familia que se encuentra bajo la línea de la pobreza subsidie a quienes van a hacer política a la universidad”.
“El Gobierno no está en contra del reclamo, estamos en contra de que el Congreso sancione leyes sin partida presupuestaria, leyes que no puedan financiarse”, planteó Adorni e instó a los legisladores que voten a favor de la iniciativa a que fundamenten “de dónde sacan el dinero para ejecutar el aumento que proponen”. Enumeró que el ministerio de Capital Humano “hizo todos los esfuerzos para mejorar los salarios de los docentes y no docentes; se ofreció un incremento salarial del 6,8% por encima de la inflación y se ancló el salario de los docentes con la administración pública para que cobren en tiempo y forma”.
Los rectores universitarios, incluido John Boretto de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), ratificaron que los ingresos perdieron 50% respecto al año pasado y también aclararon que el salario de $1,4 millones que apuntó Capital Humano lo reciben quienes tienen dedicación exclusiva, que son una minoría.
En paralelo al anuncio del veto de hace unas semanas, ingresó al Congreso el proyecto de presupuesto 2025 que asigna a las universidades 3,8 billones de pesos en sus conjunto, esto es, incluyendo las 62 universidades nacionales y sus gastos de funcionamiento, salarios, los programas de investigadores universitarios, los hospitales universitarios, los programas de doctorados, los de extensión universitaria, los colegios pre universitarios y las carreras técnicas, entre otros. Es la mitad de lo estimado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) como necesario.
Desde el CIN agregaron que esto se da en un escenario en el que el 70% de los trabajadores de la educación superior reciben sueldos por debajo de la línea de pobreza y miles no recibieron ningún aumento desde principio de año. Insiste en la necesidad de que la inversión en educación superior sea del 1% del PBI, lo que representa 7,2 billones en los que se incluyen los gastos de funcionamiento, hospitales, correcciones salariales, entre otros. Los cálculos, explicaron, están hechos en base a los números incluidos en la Ley de Financiamiento Universitario, que incluye la corrección salarial hacia fin de año para los trabajadores por inflación.
El presupuesto en ejecución es la prórroga del de 2023, año que cerró con una inflación del 211,4%. En ese contexto, el oficialismo recortó en un 30% las transferencias a universidades nacionales entre diciembre y agosto de 2024 contra el mismo período del año anterior y descontando la inflación, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Sin embargo, este recorte explicó el 1,1% del achicamiento del gasto.
El mayor recorte se dio en salarios de personal docente y autoridades (-30,4%), salarios de personal no docente (-26,7%), asistencia financiera para el funcionamiento universitario (-23,1%) y para hospitales universitarios (-19,3%). Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) los gastos para universidades para 2025 reflejan un aumento del 0,8% real sobre el estimado en el que cerrará el año vigente.
Para el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, el presupuesto para la educación superior para 2025 es un 34,4% inferior al de 2023 e incluso está por debajo del de 2024 en términos reales. En el caso del salario docente y no decente, la contracción sería del 37,2% contra 2023.
La estructura institucional de la UNC tendrá una nueva composición después de junio una vez que ya hayan asumido las nuevas autoridades decanales, estudiantiles y del Consejo Social Consultivo el cual funciona como el lazo más fuerte que tiene la institución con la sociedad y que además sirve como un espacio de debate político.
El rector de la UNC, Jhon Boretto, aprovechó el evento de la Chocleada Solidaria para hablar al público y apoyar el reclamo salarial que impulsan docentes y no docentes. Próximamente se viene una nueva reunión de Rectores del CIN por lo que se esperan nuevas posiciones políticas al respecto.
Así se confirmó en los últimos días que docentes, no docentes y la comunidad universitaria en general saldrán a apoyar el reclamo de jubilados y jubiladas que se viene haciendo todos los miércoles y que la semana pasada marcó una nueva jornada de represión brutal por orden de Patricia Bullrich. El CIN también se pronunció al respecto y sumó presión al Gobierno Nacional por las paritarias y el presupuesto universitario.
El día de ayer en la Universidad Nacional de Córdoba se llevó a cabo una nueva sesión del Honorable Consejo Superior en dónde se dieron varias discusiones en torno al clima político que se vive a nivel Nacional. Por un lado se dieron nuevas definiciones en relación a las elecciones y por el otro hubo reclamos sobre presupuesto y salario docente y no docente.
Lo había anticipado Alfil y se confirmó en las últimas horas el paro convocado por ADIUC y la Gremial San Martín. Las fechas elegidas son el 17 y 18 de marzo próximo para exigir la apertura de paritarias al Gobierno Nacional luego de un aumento de apenas el 1,2% (que en muchos casos no superan los diez mil pesos). Además, piden por un presupuesto universitario actualizado al 2025.
Los días 14 y 15 de mayo todas las facultades de la Universidad Nacional de Córdoba elegirán autoridades decanales para el período 2025-2028, luego de este período entrará en vigencia los ciclos de cuatro años para los cargos decanales y rectorales. Además, el Consejo Superior aprobó modificaciones al reglamento electoral.
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