Tras incendios, Llaryora sutura costos con impulso a la agenda verde

Por Bettina Marengo

Martín Llaryora lanzó un programa provincial de restauración ecológica post incendios que se enmarca en su apuesta a una gestión con volumen ambiental, eje que busca liderar desde que impulsó, como intendente de la ciudad de Córdoba, la Cumbre Mundial de la Economía Circular. Algunos dicen que a algo similar aspira el actual intendente de la ciudad, Daniel Passerini, con el esquema de las áreas metropolitanas, que tendrán su congreso internacional el mes que viene en la ciudad de Córdoba, con el jefe del Palacio 6 de Julio como anfitrión. Ambas son agendas ciudadanas y urbanas relativamente nuevas. 

El sanfrancisqueño quiere ser un foco nacional de la mano del “modelo Córdoba”. Y el subrayado del rubro verde es una de las patas más vendibles, incluso internacionalmente, para sumar a su proyecto político, que por ahora parece tener pista de aterrizaje en el intento de reelección. Los incendios recientes en las serranías, que pusieron a Córdoba en la mira nacional con 70 mil hectáreas quemadas en pocas semanas, le juegan en contra, con un costo tal vez mitigado por la mala performance del presidente Javier Milei cuando vino a recorrer en helicóptero, sin anuncios ni gestos, las zonas quemadas.

En el marco de su narrativa verde, el sanfrancisqueño le cambió el nombre al Ministerio de Agroindustria y le puso de Bioagroindustria. Creó el Ministerio de Ambiente, en línea con la Agenda 2030 que repudia el presidente Javier Milei, y puso al frente de él a la llaryorista Victoria Flores, que cumplió la misma función durante su intendencia en la Capital. Fue una de sus novedades de gobernanza en relación a la tradición cordobesista de Juan Schiaretti y de José Manuel de la Sota. La otra novedad fue el Ministerio de Cooperativas y Mutuales, que quedó golpeado por la licencia sin fecha de vuelta del villamariense Martín Gill, imputado por violencia de género. Esta cartera sigue sin ministro a cargo. En ambos casos, el sanfrancisqueño supo ver la presencia territorial que se posibilitaba.

Mientras, en la Legislatura, su alfil ambiental, el legislador Abraham Galo, presidente de la comisión del área en la Unicameral, tiene entre manos un proyecto de ley de Economía Circular y la posible creación de un Juzgado de Faltas Ambientales. En la bolsa verde entran reclamos del oficialismo, como la sanción a nivel nacional de una nueva ley de Biocombustibles.

Para sus opositores es “marketing verde” que no produce cambios de fondo. Para el oficialismo, el mandatario tiene un compromiso serio “ideológico y no solamente político” con la agenda ambiental, pero sin obstruir el desarrollo y la producción.

Aunque estuvo lejos de hablar de incendios, lo que anunció Llaryora ayer tiene que ver con remediar el impacto ambiental y también político de los recientes desastres forestales, que desde la vereda de ambientalistas y críticos pusieron en cuestión, una vez más, el modelo de desarrollo agro-inmobiliario del cordobesismo. Para eso informó una inversión de 100 millones de pesos para el Plan Integral de Restauración Ecológica de Córdoba (PIRE), que impulsa proyectos de restauración costeados con recursos que provienen del plan de Remediación Ambiental Posfuego. “El objetivo es conservar los ambientes sanos y reconstruir los que están deteriorados o dañados”, señaló el mandatario. El PIRE trabajará con 150 organizaciones, empresas y productores desarrollando acciones de impacto ambiental, según se informó, entre ellas, conservar lo que se encuentra en buen estado; reforestar con flora nativa los ambientes deteriorados, para que se genere la sucesión natural que trae aparejada introducir vegetación nativa; y controlar las Especies Exóticas Invasoras que degradan los ecosistemas. También se anunciaron fondos para productores de flora nativa y centros de rescate de fauna.