Universidad Provincial: con guion libertario, juecismo critica gastos de Llaryora

Por Yanina Soria

El gobernador Martín Llaryora anunció el viernes pasado desde la ciudad de Marcos Juárez que el sudeste cordobés tendrá una de las 20 sedes regionales de la Universidad Provincial que se propuso instalar este año como parte de un plan de “federalización universitaria”. 

Esta última se suma así a las comprometidas para Arroyito, Morteros, San Francisco, Río Tercero, Cruz del Eje, Capilla del Monte, Villa Dolores, Mina Clavero, Deán Funes y Laboulaye, y a la inaugurada en mayo en Bell Ville.

Con esa iniciativa y en nombre de la gestión de Gobierno, el mandatario también se capitaliza políticamente. Por un lado, le sirve para marcar un claro contrapunto con la perspectiva libertaria que agita la idea de retirar el Estado de todos los ámbitos que se pueda; por el otro, en momentos de motosierra sobre el financiamiento universitario en particular, el cordobesista despliega una apuesta de regionalización educativa de la casa de altos estudios a lo largo y ancho de todo el territorio provincial.

Con una oferta educativa que no incluye las carreras más tradicionales, esa extensión de la red educativa en el interior también permite consolidar la presencia política de Hacemos Unidos; pues, por ejemplo, las autoridades de cada sede de la Universidad Provincial son designadas por el oficialismo. Además, el gobernador exhibe más Partido Cordobés articulando en distintas regiones con intendentes que no son del palo.  

“En un momento de restricción, donde la oferta educativa nacional se retrae, nosotros hemos decidido abrir nuevas sedes de la universidad provincial para llegar a más pueblos y ciudades”, dijo Llaryora desde Marcos Juárez donde firmó el convenio con la intendenta del PRO, Sara Majorel, para construir un nuevo edificio con una inversión de 5 mil millones de pesos. 

Atentos a esa estrategia oficialista, en el frente opositor, el juecismo salió al cruce del gobernador. El presidente del Tribunal de Cuentas provincial, Beltrán Corvalán, fue quien recogió el guante. Expuso que la Universidad Provincial de Córdoba no transparenta sus gastos y aseguró que, desde que se fundó (2007), “no rindió un solo gasto”.

“Llaryora intenta sacar ventaja política del conflicto universitario. La verdad lo desmiente: la Universidad Provincial de Córdoba nunca fue autónoma, sus autoridades y docentes siempre fueron designadas por el gobierno y sus gastos jamás tuvieron control del Tribunal de Cuentas”, lanzó el juecista.

En diálogo con Alfil, el presidente del órgano de control aclaró que “como egresado de un colegio pre universitario y siendo hijo de la UNC, creo en la educación pública, la banco a morir” pero, aclaró: “en tiempos donde se somete a estricto control los destinos del dinero público, Córdoba va a contramano del mundo”. 

Recogiendo el libreto libertario que, desde el minuto cero, somete a escrutinio público todo tipo de gasto del Estado, el espacio del senador Luis Juez -hoy, principal opositor al gobierno de Llaryora- busca poner en discusión “la falta de auditoría” sobre los fondos destinados al plan de federalización educativa. 

Según explicó Corvalán, al igual que sucede con las Agencias, al ser un organismo descentralizado, la Universidad Provincial queda fuera del control del Tribunal de Cuentas que, inéditamente en Córdoba es controlado por la oposición desde el año pasado. 

El juecista contó que, según se desprende de partidas globales, de lo que va en el 2024 se llevan gastado 28 mil millones de pesos “pero no sabemos en qué”. El partido opositor insistirá con el tema, incluso, hasta podría tener un correlato en la Legislatura con un proyecto de ley concreto. 

La respuesta

Desde la Provincia respondieron esas objeciones asegurando que “desde el juecismo lo que se busca es ensuciar a la Universidad Pública Provincial”. 

“Seguramente por indicaciones de Luis Juez, Beltrán Corvalan miente descaradamente cuando él mismo sabe que los gastos de la Universidad Pública Provincial tienen controles del Tribunal de Cuentas”, señalaron desde el Panal. También acusaron al juecismo de “tener una mirada centralista y capitalina sobre la educación” en contrapunto a la “mirada federal” del gobernador Llaryora. 

“En realidad, no quieren que llevemos la Universidad a los pueblos y ciudades del interior, pero como no se animan a decirlo, buscan enlodar una política que transformará la educación universitaria en todo el territorio provincial”, agregaron.