El ministro Quinteros pidió una ley antipiquetes en momentos que el TSJ tiene que resolver sobre el caso de los seis dirigentes exculpados por la Camara de Acusación. El libertario Spaccesi mostró su proyecto y lo reclamó. Mogetta pidió sumarios en Tribunal de Faltas y Hernández Maqueda tiene apoyo opositor.
Provincial29 de mayo de 2025
Bettina Marengo
Por Bettina Marengo
Los referentes libertarios corrieron por derecha al oficialismo con reclamos de mano dura y leyes antipiquetes tras el corte de calles céntricas e incidentes provocados el martes por integrantes del gremio municipal Suoem en el Tribunal de Faltas de la Municipalidad, en el marco de la discusión salarial con el intendente Daniel Passerini. A eso se suma el proyecto “anti naranjita” que presentará hoy el legislador Gregorio Hernández Maqueda, alineado al presidente Javier Milei, a fin de prohibir la actividad de cuidacoches en la provincia, una propuesta que seguramente generará una discusión expansiva y el apoyo de la oposición.
El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, salió a parar una ola que puede crecer más allá de los trabajadores estatales en el marco de la conflictividad social inherente a la caída de ingresos y empleos. El funcionario recordó que fue la Cámara de Acusación la que sobreseyó hace unas semanas a seis dirigentes sociales y gremiales que habían sido imputados por el fiscal capitalino Ernesto de Aragón por un corte de calle, al considerar el tribunal de alzada que se trató de una “restricción tolerable” de la libertad de circulación. En ese fallo, la Cámara dijo que no hay una legislación clara sobre los límites de la acción policial en manifestaciones.
En ese marco, Quinteros reclamó una ley antipiquete para que la Policía tenga herramientas para actuar, en línea con la “doctrina Bullrich”, la ministra de Javier Milei más cotizada en Córdoba. No está claro a quien se la pidió: Hacemos Unidos tiene posibilidad de avanzar con ella.
Hay preocupación en el Ejecutivo.El fiscal de Cámara apeló lo resuelto por el cuerpo integrado por los jueces Maximiliano Davies, Carlos Salazar y Patricia Farías, y ahora la última palabra la tendrá el Tribunal Superior de Justicia, que escuchará los argumentos del fiscal y de los defensores Eugenio Biafore y Claudio Orosz en una audiencia oral que aún no tiene fecha. El fallo obviamente sentará jurisprudencia en Córdoba.
Encolumnado en la defensa de la fuerza policial que maneja, como viene siendo la línea del gobernador Martín Llaryora, Quinteros sostuvo que los uniformados necesitan una normativa legal que formalice sus actuaciones para trabajar sin ser imputados. Desde el oficialismo legislativo recibieron con cara de poker el reclamo del titular de Seguridad, que acaba de volver de un viaje a los EEUU junto a su par de Justicia, Julián López, donde se reunieron con funcionarios del FBI. Al cierre de esta edición, finalizando la extensa doble sesión de ayer, aseguraron desde Hacemos Unidos que “todavía no hay nada” sobre lo pedido por Quinteros.
El legislador libertario Augustín Spacessi, que ha votado leyes clave con el PJ-Hacemos Unidos, aprovechó el flanco y recordó que desde julio del año pasado hay en la Legislatura una ley de su autoría que descansa en la línea nacional de “piquete cero” en las calles y que se basa en el artículo 194 del Código Penal de la Nación que penaliza la mera interrupción de la vía pública. El proyecto, en concreto, prohíbe cortes parciales o totales de calles en caso de protestas o reclamos.
Hasta ahora, lo que rige en Córdoba es un Protocolo de actuaciones consensuado entre comerciantes de la zona Centro, Ministerio, Fiscalía General y Policía que habilita el uso de media calzada para las protestas callejeras. En su momento, De Aragón imputó a los dirigentes por el Código Penal. “A ver si ahora el presidente del bloque, Miguel Siciliano, trata nuestro proyecto”, azuzó el dirigente mileista, y apuntó contra el PJ de la Capital al afirmar que las organizaciones sociales que cortan las calles antes estaban contenidas por el gobierno nacional del Frente de Todos y ahora lo están por la Municipalidad. “Son todos de origen peronista”, insistió al mencionar a las distintas organizaciones barriales y populares.
No solo Spaccesi salió con el tema. El ahora libertario Franco Mogetta, ex secretario de Transporte de la Provincia en tiempos de Juan Schiaretti, que hasta hacía poco ocupó el mismo cargo en el gobierno de Milei y ahora milita en Córdoba con camiseta violeta y suena como candidato en octubre, salió sin filtro a hablar de la “pelotudez del derecho de huelga” para referirse a los incidentes en el Tribunal de Faltas que conduce el llaryorista Juan Manuel Araoz. “Bengalas adentro de un edificio público con ciudadanos y trabajadores que no adhieren a estás salvajadas, intoxicados por el humo. Esto es TERRORISMO puro, no vengan con la pelotudez del "derecho a huelga". Despedidos y procesados URGENTE”, escribió en X. Ya se siente el papeleo en las oficinas de Araoz para sosegar el reclamo.
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