El Gobierno Provincial oficializó el retiro obligatorio del exdirector de la Policía Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, quien fue acusado y detenido por asociación ilícita, coacción, extorsión y otros delitos.
Provincial04 de julio de 2025
Redacción Alfil
El Gobierno Provincial oficializó este viernes el retiro obligatorio del ex-director de la Policía Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, quién fue detenido y acusado de asociación ilícita , coacción, extorsión, entre otros delitos. La medida fue anunciada a través del boletín oficial y determinada mediante la resolución 708, que lleva la firma del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.
Tras la oficialización del retiro de Ochoa Roldán, el ministro habló ante ElDoce y determinó: "Es imposible evitar que los hechos de corrupción existan. Argentina naturalizó la corrupción". "Pero no vamos a tolerar la impunidad, el que las hace, las paga. Cualquiera que se aparte medio milímetro de su deber será apartado y sometido a la Justicia", sostuvo.
De acuerdo por lo revelado por ElDoce, Ochoa Roldán recibirá una jubilación de unos 4 millones de pesos mensuales. Sin embargo, el funcionario aclaró que es "inviable" que aún mantenga sus funciones.
El retiro obligatorio implica una medida legal y administrativa que lo desvincula en su totalidad de la fuerza policial, habilitando el cobro de una jubilación, a diferencia de la situación pasiva que solo reduce el sueldo al 30 por ciento mientras la causa avanza.
En ese sentido, el ministro de Seguridad: "Lo pasamos a retiro, ahora es un tema de la Caja de Jubilaciones (el cobro de la jubilación). Si la Justicia lo condena y es exonerado, pierde el derecho a seguir cobrando", aseguró.
Además, aseguró que ninguna persona condenada y exonerada de la Policía de Córdoba puede mantener su beneficio jubilatorio."Eso será el devenir de la investigación del fiscal y, posteriormente, de la Cámara del Crimen que lo juzgue", determinó.
El ahora ex-director de la Policía Caminera, Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, fue acusado la semana pasada de formar parte de una agrupación delictiva que utilizaba información reservada "para llevar adelante negociaciones extrajudiciales, cobro de deudas, asumir defensas penales y fijar honorarios".
El fiscal de Instrucción de la Unidad Judicial 2 y 20, Guillermo González, lo imputó por la supuesta comisión de los delitos de coacción, extorsión, asociación ilícita en calidad de jefe, peculado de servicios, enriquecimiento ilícito y encubrimiento por omisión de denuncia.
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