Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
Este martes el gobernador Martín Llaryora junto a la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, tuvieron un encuentro en el que representantes de más de 150 instituciones que trabajan con personas con discapacidad plantearon ante los legisladores y diputados nacionales la necesidad para que se declare la emergencia. Entre los diputados se encontraban Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Carlos Gutiérrez.
Tras el veto del presidente Javier Milei hacia el aumento de jubilaciones y la Ley de Emergencia en discapacidad, desde el PJ cordobés presentaron su rotundo rechazo, “quiero brindarles mi apoyo y que extiendan esta convocatoria a otros espacios políticos. Podemos ser de distintos partidos y tener una idea común sobre esta ley, para ayudar a ser una sociedad cada vez más humana y más integradora”, expresó Llaryora.
Además de dicha reunión, tanto la capital cordobesa como las ciudades de Cosquín y Río Cuarto marcharon en contra del veto del presidente, los mismos se desplazaron alrededor de las 12:00hs en la Plaza San Martín (y en el caso de Río Cuarto se reunieron en la plaza central).
La reunión fue organizada por la Fundación Converger, Capredis (Cámara de Prestadores de la Discapacidad), la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos y ATI (Asamblea Trabajadores por la Inclusión) y el ministerio de Montero.
“Esta convocatoria a los diputados nacionales tiene que ver con la posición que viene asumiendo el Gobierno de la provincia de Córdoba en relación al tema discapacidad y a la ley de emergencia. Todas estas instituciones vienen haciendo un trabajo importantísimo para hacer posible las políticas públicas”, indicó Montero.
El mandatario cordobés aclaró que, el déficit fiscal no tiene nada que ver con esta ley, y agregó que el veto es una "expresión ideológica de retrocesos sobre las políticas de integración que viene haciendo la Argentina”.
