Por Gabriela Yalangozian
El intendente de Cosquín Raúl Cardinali expuso este lunes que un escenario crítico se abre para la Municipalidad de esa localidad del Valle de Punilla tras conocerse un fallo del Juzgado de Primera Instancia de la Primera Nominación de Córdoba Capital, que autorizó el embargo de unos 160 millones de pesos mensuales —equivalentes a un tercio de la coparticipación provincial— para afrontar una deuda originada hace más de dos décadas.
Cardinali calificó la situación como “un hecho sin precedentes” y anunció nuevas acciones judiciales para frenar lo que considera un impacto directo sobre la estructura financiera y operativa del municipio.
El caso se remonta al año 2001, cuando la gestión de Andrés Bustos (Unión por Córdoba) actuó como garante de préstamos otorgados por una financiera a empleados municipales. El esquema funcionaba con descuentos por planilla que debían ser transferidos a la entidad acreedora, pero esos montos nunca fueron girados.
Aunque la financiera quebró años más tarde, un grupo fiduciario adquirió la deuda y continuó el reclamo. El fallo favorable llegó en 2022, elevando el monto original —unos 660 mil dólares— a más de seis millones de dólares debido a intereses acumulados.
A este escenario se abren dos procesos que avanzan en vías paralelas. El primero corresponde al expediente “VEDANT S.A. c/ Municipalidad de Cosquín”, cuyo reclamo asciende a más de 5.553 millones de pesos en capital e intereses. Allí el juez pidió al municipio que informe qué porcentaje de la coparticipación podría ofrecer al acreedor.
La segunda vía es el expediente “Díaz Yofre, Andrés c/ Municipalidad de Cosquín”, vinculado a los honorarios del abogado del grupo financiero. En este caso, el magistrado dispuso el embargo de hasta el 33% de la coparticipación mensual para cubrir honorarios estimados en 1.100 millones de pesos, declarando inaplicables por inconstitucionalidad varias leyes nacionales y provinciales.
Al oscuro escenario económico que se abre para el Municipio tras esta resolución judicial se suma un trasfondo político. Cardinali recordó que la deuda con la financiera en su momento no fue convalidada por el Concejo Deliberante, a pesar de que el exintendente Bustos la reconoció a sola firma. Es por eso que ahora el municipio inició recursos ante la Suprema Corte para cuestionar tanto la validez del pasivo como la proporcionalidad del embargo.
Según explicó, la resolución aún no está firme: el Ejecutivo tiene cinco días hábiles para responder y se encuentra en ese tramo procesal, rechazando la pretensión del acreedor y advirtiendo que el juez podría fijar un porcentaje menor al 33%, aunque la autorización máxima abre un escenario de extrema vulnerabilidad financiera.
La administración coscoína recibe alrededor de 500 millones de pesos mensuales en concepto de coparticipación. De recortarse el tercio de esa cifra para responder al embargo, no alcanzará el dinero para cubrir la masa salarial completa. Y no solo peligraría el pago de sueldos a los empleados municipales, sino también la continuidad de servicios esenciales como recolección de residuos, atención del hospital, provisión de agua y, la ejecución de programas sociales. Además, podría recortarse las partidas para educación, cultura, obras públicas, protección ambiental y módulos alimentarios.
A casi dos años de asumir como intendente, Cardinali debe enfrentar un pasivo heredado que amenaza con paralizar su gestión. La expectativa del Ejecutivo es que las instancias superiores revisen el fallo y logren frenar la ejecución del embargo antes de que la crisis escale a un punto de no retorno.
