Yanina Soria
En julio de 2024, tras 15 años en el cargo, Mario Decara dejaba la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba. Un nombre que fue propuesto por el radicalismo y apoyado siempre por el peronismo en el ámbito legislativo (porque para acuerdos de ese tipo el bipartidismo parece gozar de muy buena salud).
Tras el vencimiento de su mandato y sin consenso sobre el sucesor, el radical designó a Carlos
Galoppo no es un funcionario que apareció de la nada para administrar esa transición. Fue
Lo cierto es que, dese entonces, el organismo que la Constitución define como comisionado de la Legislatura para defender derechos colectivos y difusos, supervisar la eficacia de los servicios públicos y controlar la aplicación de las leyes en la administración, está vacante.
Se estima que la Defensoría emplea hoy alrededor de 240 personas con un presupuesto anual, según los números de la oposición, de 8.228.448.000 pesos. El combo perfecto para disparar por las nubes el interés político por el cargo.
Claro que es un puesto que no puede ser resuelto unilateralmente por el oficialismo porque la Constitución exige el voto de los dos tercios de la Legislatura, es decir 47 votos. Y allí es donde entra a jugar la política. Y fuerte.
Precisamente, con intenciones de instalar el debate en la agenda legislativa y apurar la discusión pública de un tema que, generalmente, ya llega cocinado al recinto directamente para ser aprobado, un grupo de cuatro legisladores ya promueve un nombre.
Los opositores Gregorio Hernández Maqueda, Gerardo Grosso, Patricia Botta y Carlos Briner, proponen a Javier Alegre Capó, abogado y procurador egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, para ocupar la titularidad de la Defensoría.
“La Defensoría del Pueblo no puede seguir siendo percibida como un órgano de escasa trascendencia social, con un presupuesto millonario pero con resultados que no están a la altura de lo que los cordobeses necesitan. Es momento de ponerla al servicio de la ciudadanía con austeridad, eficiencia y transparencia, y eso exige un titular con la estatura institucional y la independencia necesarias”, cita el proyecto en un tono hipercrítico al uso político del cargo. De hecho, el legislador Maqueda recordó que ya presentó iniciativas para elevar las exigencias a los candidatos que se propongan para tal cargo.
Ahora bien. La pregunta de arranque va más allá de quien será el próximo Defensor. En realidad, le antecede qué espacio considera que tiene derecho a conservar -o a disputar en todo caso- esa cuota de representación institucional.
Hasta acá, en un acuerdo no escrito, el peronismo ha reservado ese lugar siempre para el radicalismo; y nada hace presuponer que esta vez se rompa la tradición. Lo que sí podría cambiar, quizá, es quién propone al próximo titular de la Defensoría.
La realidad es que existen otras conversaciones mucho más subterráneas en torno a los nombres que podrían tener como destino el organismo que maneja una super estructura.
Uno de ellos, es el de el ahora funcionario cordobesista Orlando Arduh. Su nombre viene sonando desde hace rato y, según trascendidos, no sólo contaría con el aval inicial del llaryorismo sino también con el de algunos correligionarios. Sin esos votos, no hay posibilidades de avance.
Más allá de la resistencia que generó en parte de la UCR su incorporación al gobierno de Martín Llaryora, se sabe que el funcionario que actualmente ya se desempeña en la Defensoría del Pueblo conserva vínculos con dirigentes como Miguel Nicolás, Javier Bee Sellares y parte del “negrismo”.
El oficialismo provincial le reconoce la interlocución con intendentes radicales que orbitan en torno al cordobesismo, y su nombre cerraría por ambos lados. Por ahora, todo se maneja en el plano de las probabilidades excepto una cosa: la decisión del gobernador de que el nombramiento se resuelva este año.
