Gabriel Marclé
Por Gabriel Marclé
El presidente Javier Milei envió ayer al Congreso el proyecto de Reforma Laboral y en unos días comenzará su debate en el Senado, con la expectativa del Gobierno de avanzar con un tratamiento exprés y sin grandes cambios pese al rechazo de los sectores sindicales. En Córdoba, mientras tanto, comenzaron los primeros punteos de la iniciativa y, aunque el documento completo todavía no había sido analizado, los representantes del Panal en el Congreso ya empezaron a delinear los trazos gruesos de su posicionamiento, seguidos de cerca por el gobernador Martín Llaryora y a la espera de la incorporación de Juan Schiaretti —que aún no asumió su banca en Diputados— para la etapa más intensa del debate.
En las primeras horas tras la presentación, Alfil consultó con distintos actores del oficialismo cordobés y referentes de Provincias Unidas. A priori, cuestionaban que la iniciativa hubiera ingresado por el Senado pese a contener capítulos impositivos, lo que —aseguran— obligaba a que fuera tratada primero en Diputados. Más allá de la discusión jurídica, se confirmó que Alejandra Vigo será la primera cordobesista en fijar posición.
También generó malestar la declaración de la senadora Patricia Bullrich sobre la intención del Gobierno de aprobar la iniciativa en tiempo récord. “No se puede tratar a la ligera un proyecto tan importante”, señaló a Alfil un referente del Panal en el Legislativo nacional. Además, advirtieron que la reforma recién podría llegar a Diputados en febrero o marzo, motivo por el cual descartaron cualquier urgencia en su tratamiento. Para ese momento, se espera que Schiaretti ya esté ocupando su banca en Provincias Unidas.
Respecto al contenido del proyecto, la mayoría consideró que aún es “demasiado pronto” para conclusiones cerradas, dada su extensión y complejidad. No obstante, algunos ejes ya comenzaban a perfilar el enfoque del cordobesismo. Después de todo, la postura general había sido adelantada por Schiaretti durante la campaña: no acompañar quitas de derechos, pero tampoco negar la necesidad de actualizar normas frente a las nuevas formas de producción y al funcionamiento actual del mercado laboral. Asimismo, insisten: “La reforma laboral es un aporte al orden y la adecuación, pero no es una solución a la falta de empleo”.
Entre los eventuales cuestionamientos de las bancas cordobesas aparece la falta de referencias específicas a la realidad de las Pymes del interior. En Córdoba consideran que el Gobierno nacional apunta a una “estandarización” de políticas laborales y económicas que no contempla las diferencias regionales. Otro punto sensible es la llamada “negociación dinámica”, que podría habilitar acuerdos por fábrica o incluso la creación de sindicatos específicos. “Es una locura”, le graficó a Alfil un representante de Provincias Unidas, recordando que la mayoría de los empresarios prefieren un solo canal de negociación.
Aunque los desacuerdos ya están a la vista, el planteo de la reforma está lejos de resolverse este año. Más allá de que se convoquen sesiones extraordinarias, el apoyo al proyecto dependerá del poder de negociación de la Casa Rosada. En el caso cordobés, la emergencia por la Caja de Jubilaciones puede ser tanto una oportunidad como un desafío para Javier Milei en su intento por garantizar los votos de Martín Llaryora, aunque el presidente aún no muestra señales de acercamiento al gobernador y los votos cordobesistas tampoco parecen tan decisivos como en otros tiempos.
Con la reacción social y sindical en marcha, el Panal afina su postura con la convicción de que la reforma no traerá una recuperación económica inmediata y sin garantías, además, de que el Gobierno nacional sea receptivo a los reclamos cordobeses sobre la llegada de recursos para enfrentar los conflictos territoriales que se acumulan.
